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Fiscalía citó a interrogatorio a protagonistas del escándalo en MinTIC

El ente acusador abrió la investigación y, como parte de los actos urgentes, citó a diligencias de interrogatorio.


Luego de que la ministra de las Tecnologías y la Información, Karen Abudinen, remitiera a la Fiscalía el expediente que terminó en una sanción de caducidad en contra del contratista a quien se le adjudicó el multimillonario proyecto para la conectividad de los colegios en las zonas más apartadas del país, el ente acusador advirtió que como parte de los actos urgentes se ordenaron una serie de diligencias de interrogatorio a los protagonistas del escándalo.

Desde el ente acusador aseguraron que en la mañana de este martes se adelantará una serie de diligencias de interrogatorio que incluirá a los responsables de la unión temporal Centros Poblados, el contratista involucrado en todo este escándalo, y no se descarta que también se escuche en declaración a funcionarios del Ministerio de las Tecnologías y de la Información que participaron en el proceso de adjudicación.

La propia ministra Abudinen anticipó que remitieron a la Fiscalía General de la Nación los documentos, las pruebas y todo el proceso de contratación que se celebró con la unión temporal y que derivó en la caducidad del contrato, una de las sanciones más altas a contratistas del Estado.

“Denuncia inmediata ante la Fiscalía General de la Nación para que iniciara las investigaciones pertinentes, documento que fue radicado con el No. 21-20-59-637, y al que se le han hecho 8 ampliaciones”, señalaron desde el ministerio cuando anunciaron la caducidad del millonario contrato.

Las diligencias de interrogatorio de manera inmediata vinculan a las personas citadas al proceso penal que abrió el ente acusador por cuenta de las denuncias del ministerio y son, en teoría, la herramienta que tiene la Fiscalía de cara a una eventual imputación de cargos, si considera que en las advertencias del ministerio se cometió alguna clase delito.

“Los contratistas que conforman la Unión Temporal quedan, en virtud de la decisión, inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional”, advirtió la ministra Abudinen.

Fiscales delegados de la Unidad Anticorrupción serán los encargados de asumir este proceso y de escuchar este martes a las personas que fueron citadas a las diligencias de interrogatorio. El caso, de acuerdo con el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fue priorizado y contará con un grupo de investigadores que estarán a cargo de avanzar con prontitud en este proceso.

El contratista por su parte anunció, en su momento, que de caducar el contrato demandarán al Estado por lo que consideran enormes daños y perjuicios, puesto que ya estaban ejecutando el mismo, de ahí que la ministra pidió el acompañamiento de la Agencia Defensa Jurídica del Estado en esta nueva etapa del proceso.

“El Ministerio hará efectiva la cláusula penal en contra de Unión Temporal, por la suma de hasta 39 mil millones de pesos y pidió el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Contraloría”, dijeron desde el ministerio

Al mismo tiempo se conoció que el ministerio estaría en conversaciones con la Empresa de Teléfonos de Bogotá para una eventual adjudicación de este contrato y continuar con el proceso e implementación de la red de conectividad en los colegios que estaban incluidos en el contrato inicial, como los puntos de mayor urgencia para el Gobierno.