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Escándalo: firma interventora del millonario contrato con MinTIC presentó descargos, esto es lo que argumentan

Dicen que no participaron en la estructuración del proceso licitatorio. Con la caducidad del contrato por parte del Gobierno quienes hacen parte de la unión temporal quedarían inhabilitados por cinco años.


Los nombres de las empresas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, involucrados en el escándalo de un multimillonario contrato del MinTIC, están sacando sus argumentos para defenderse. Así lo hizo el Consorcio Pe2020 C Digitales, el cual presentó los descargos respectivos ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En el documento presentado por el MinTIC, en el que declara la caducidad del contrato, este consorcio en particular tiene en curso una actuación administrativa como firma interventora, pues era la responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos y giros.

Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, habla sobre la Unión Temporal Centros Poblados y los 70.000 millones de pesos del anticipo
Bogota agosto 13 del 2021
Foto Guillermo Torres Reina Semana
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En la audiencia pública iniciada con el MinTIC, dicho consorcio sustentó que “ninguno de sus integrantes participaron en la estructuración del proceso licitatorio”.

Agregaron que los integrantes del consorcio, integrado por las empresas PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol S.A. Sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S., “no son ni han sido socios en ningún proyecto con Funtics, Novotic o alguna de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020″.

La versión de los interventores

Según las explicaciones entregadas por la interventoría, la garantía única que presentó Centros Poblados fue aprobada el 30 de diciembre de 2020, es decir, cuando ya la UT llevaba un camino recorrido (estaba elegida y tenía contrato firmado). Es así como, agregan, “el Consorcio PE2020 C Digitales al no intervenir en el proceso licitatorio, tampoco participó en la adjudicación del contrato de aporte, ni en el perfeccionamiento del mismo, ni en la aprobación de los requisitos de ejecución, que incluían la revisión de las garantías bancarias o contratos de seguro”.

Con el cotejamiento de las fechas y otros argumentos, el consorcio expone su situación. “El acta de inicio del contrato de interventoría con PE2020 C Digitales tiene fecha de terminación el 31 de julio de 2022. Contempla el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas a cargo de los ejecutores del proyecto. Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales la Interventoría cuenta con un equipo de trabajo conformado por profesionales y trabajadores que suman actualmente más de 80 personas”.

Hay que recordar que lo que está en juego en el millonario contrato no son solo los recursos, sino el futuro de 14.745 Centros Digitales, la mayoría de ellos localizados en escuelas y colegios rurales de Colombia. En otras palabras, la educación de los niños colombianos.

Todo en línea

Según argumentaron los integrantes del consorcio interventor, cuentan con “Sistemas de Información que permiten garantizar la gestión, la administración, manejo de flujos de información y la trazabilidad del Proyecto, siete (7) días a la semana, veinticuatro (24) horas al día”.

En consecuencia, argumentan, “en esta plataforma se registran los informes técnicos, fotografías y videos que reportan los contratistas, lo cual nos permite ejercer los controles que corresponden”.

¿Qué dicen del anticipo?

La Unión Temporal Centros Poblados habría recibido $70.000 millones como anticipo, dentro de un millonario contrato para llevar internet a los colegios públicos.

Con relación al anticipo, la firma interventora dice que “la aprobación y el giro del anticipo se realizó dando estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato de aporte 1043 y a lo regulado en la Ley de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 según el cual la fiducia paga a los proveedores con base en las instrucciones que recibe del contratista, cuya autorización se da por el supervisor o interventor, siempre y cuando los pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de inversión del anticipo”.

Para este viernes está previsto en el Congreso de la República, la moción de censura a la ministra Karen Abudinen, dentro del que es ahora el más polémico de los contratos públicos, no solo por los enredos de presunta corrupción que tiene y que son materia de investigación de los organismos de control, sino porque toca uno de los temas más sensibles en cualquier país: la educación de los niños colombianos.

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