Giros de los subsidios de energía y gas trasnochan a la Contraloría. La plata dispuesta no alcanza

El tema de las demoras en el pago de los subsidios de energía y gas que ya se causaron en los hogares beneficiarios no es un asunto menor.

La no irrigación oportuna de los recursos puede conducir a una estrechez financiera por parte de las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios que, a su vez, tienen que comprar la energía y el gas para llevarlo a los hogares.

De esa manera, un déficit estructural de los recursos destinados a los subsidios podría traer graves consecuencias en la sostenibilidad fiscal de los servicios energéticos.

Así lo advirtió la Contraloría General, entidad que junto con la Procuraduría, vienen adelantando unas mesas de seguimiento para estar alerta con la situación que podría terminar en un apagón financiero de las empresas y, por esa vía, en un apagón del servicio en los hogares e industrias usuarias de la energía y el gas.

Las dos entidades de control monitorean también la llamada opción tarifaria, otra de las deudas que tiene el Estado con las empresas prestadoras de los servicios domiciliarios. Hay que recordar que esa fue una estrategia aplicada en la época del covid-19, para que los hogares pudieran no pagar el servicio, con la intención de que tuvieran caja disponible para las necesidades primarias, mientras pasaba la emergencia sanitaria y económica.

La opción tarifaria

A juicio de la Contraloría, también la opción tarifaria representa una carga financiera significativa para las empresas del sector.

Dentro de las conclusiones de la mesa técnica realizada, que tuvo su quinta reunión desde que se encendieron las alarmas alrededor del no pago de los subsidios por parte del Estado, está la que causa preocupación en la actualidad.

“La Contraloría General evidenció que, aunque la apropiación inicial para el sector de energía eléctrica es de $3,16 billones para 2025, la cifra cubre apenas el 47 % de los $6,6 billones requeridos”, dice el informe.

De manera específica, la deuda acumulada por opción tarifaria es de $4,5 billones, de los cuales $2,6 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Y es que hubo una propuesta fallida para que el Estado asumiera esa deuda, pero “esta medida no fue incluida en los proyectos de Ley de Financiamiento, ni en el presupuesto de 2026″, advirtió la Contraloría.

Agotamiento de los recursos

Según evidencia la Contraloría General, el asunto es realmente preocupante, pues aunque se han irrigado recursos, sobrevienen nuevos requerimientos de asignaciones presupuestales para este año en el que el panorama fiscal no es el mejor.

“Aunque el proyecto nacional para subsidios de gas combustible presenta una ejecución del 100 %, con un agotamiento total de los recursos disponibles para subsidios de 2025, existe la necesidad de apropiar recursos adicionales el orden de $ 750 mil millones para el resto del año”, señala la entidad de control a través del delegado del tema, Germán Castro.

Que MinMinas se meta la mano al dril

Otro de los resultados establecidos en el seguimiento de la Contraloría es que en lo que tiene relación con el gas licuado de petróleo, los programas de subsidio e infraestructura tienen una ejecución del 71 %, mientras que la iniciativa de sustitución de leña por este gas, es clave para la transición energética, pero solo alcanza una ejecución del 17 %. “Esto indica que desde el Ministerio de Energía se deberían agilizar pagos por $45.500 millones con recursos existentes en su presupuesto”, dice el informe.

El ministro de Minas, Edwin Palma, participó este martes 18 de noviembre en el Congreso de la República, donde fue citado a la Comisión Quinta, para exponer los alcances de la nueva propuesta de ley de tarifas, en el que se tocan algunos temas sensibles relacionados con el servicio de energía.