Durante la mañana de este 4 de agosto, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció la formulación de un nuevo pliego de cargos en contra de Enel Colombia E.S.P., de AES Colombia & CIA S.C.A E.S.P. y de Celsia Colombia S.A. E.S.P., que son tres importantes generadoras de energía del país.
El organismo detalló que encontró elementos de juicio que permiten inferir, de manera preliminar, la posible realización de conductas tendientes a limitar la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).
“La decisión constituye el resultado de una investigación técnica y económica de alta complejidad, orientada a establecer si determinadas actuaciones de los agentes investigados habrían tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo de formación del precio de la energía y, con ello, incidir en el funcionamiento eficiente de uno de los mercados más estratégicos para el desarrollo económico y social del país”, detalló la SIC.
La investigación inició hace más de 4 años, exactamente el 11 de enero del 2022, cuando el Ministerio de Minas y Energía presentó una denuncia relacionada con presuntos incrementos significativos en el precio de la energía eléctrica transada en la Bolsa de Energía.
Entre los hechos que fueron objeto de investigación, la SIC detalló que identificó indicios según los cuales, entre los años 2022 y 2025, las empresas investigadas habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio en la Bolsa de Energía que se apartarían sustancialmente del costo de oportunidad del recurso hídrico.
“Las generadoras investigadas habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio significativamente elevados sin que, en principio, se advierta una justificación económica, técnica u operativa suficiente que explique dicho comportamiento”, precisó.
Además agregaron que dicho aspecto resulta relevante porque las plantas de generación asociadas a dichas ofertas registraban niveles de almacenamiento de agua iguales o superiores al 90% de la capacidad útil de sus embalses. En condiciones de alta disponibilidad del recurso hídrico, la regulación vigente y el análisis económico indican que las ofertas de generación hidráulica deberían aproximarse a los niveles mínimos previstos por la regulación.
