Cada vez que se pasa revista por lo que finalmente quedó aprobado en el Presupuesto 2027 se encuentran novedades. Los ajustes que se hacen durante el trámite son precisamente para quitar y poner de manera que, lo que quede en definitiva, sea al menos lo más conveniente. En esta ocasión no entraron muchos de los ajustes y sectores claves quedaron con menos asignaciones.
Con el Presupuesto 2027, entretanto, ocurrió lo inesperado. Cuando ya el proyecto de ley de presupuesto 2027 había pasado a la otra orilla, con un monto de 635 billones de pesos y la evidencia de que las mayorías legislativas avalaban la estrategia financiera del gobierno de Abelardo De La Espriella, la cual fue bautizada como el “presupuesto de la verdad”, se presentó un impase que nadie vio venir.
El 20 de octubre, en horas de la madrugada, tras una extensa jornada que tuvo incluso un receso de unas 8 horas en la Cámara de Representantes, concluyó la aprobación de la carta financiera para el próximo año. Ya el Senado había hecho lo suyo durante el día 19, pues la norma indica que en el segundo debate del par que se requiere en una ley presupuestal, las dos células legislativas deben sesionar de manera simultánea.
Era el último día en el cronograma que, por norma, está establecido para el trámite del presupuesto y que, generalmente, se utiliza para hacer la conciliación entre lo aprobado por senadores y representantes.
Esta vez no se hizo porque se tenía la convicción de que los dos textos que habían sido aprobados eran idénticos. Al día siguiente llegó la sorpresa. En el Senado se votó un artículo sin tener en cuenta una proposición presentada por Juan Caicedo y que, finalmente, se habría retirado para dejarla como constancia. Entretanto, en la Cámara, la modificación sí apareció dentro del texto sometido a votación. Es decir, se acabó el tiempo, no hubo conciliación, y se necesitaba, para definir cuál de los dos textos se acogía. En consecuencia, se formó la tormenta política que terminó con la salida de Rodrigo Lara, el ministro del interior.

Desde el punto de vista político la coalición de partidos se mantuvo. El gobierno logró la aprobación del presupuesto con un promedio de 57 votos a favor en Senado y una reducida minoría en contra. En la Cámara, la constante era de más de cien votos positivos.
Por ello, el lío jurídico que se le atravesó al proyecto de ley causó conmoción política y llevó a tener que expedirlo por decreto, sin los ajustes introducidos en las plenarias: solo con lo agregado en las comisiones económicas.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se refirió a la coyuntura como “lamentable”, pues, “por un error de texto se cae el acuerdo político entre el Legislativo y el Ejecutivo, acerca de cómo se va a gastar la plata el otro año”.

Recortes aquí y allá
Los efectos no son menores. La senadora Norma Hurtado, repara el caso de preocupación que le asiste, por 3 billones de pesos adicionales que le habían dado al sistema de salud, los cuales ayudarían a financiar la Unidad de Pago por Capitación para el 2027. Ahora, ya no estarán. “Tendremos que esperar a mas tardar, hasta el 15 de enero para saber si el presupuesto aprobado en primer debate, equivalente a 81,5 billones de pesos será suficiente”, afirmó.
El sector que más va a tener recursos es el servicio a la deuda pública, con un 24 por ciento, es un país muy endeudado que va a destinar gran parte de sus recursos a la obligación crediticia, seguido por educación: 93 billones de pesos, salud y protección que inicialmente tenía 71,6 y en segundo debate ya tenía 81,6, y es uno de los sectores que salió con más dinero. Luego sigue defensa y policía, trabajo, hacienda, este último, con los recortes, quedó en 42 billones.
Dentro del primer debate se le quitó plata a Hacienda y al Sistema Integral de Justicia Especial para la Paz y se le pasó a salud, trabajo, Registraduría, órganos de control, Congreso de la República, Fiscalía, Rama Judicial, deporte y recreación.

Ojo con estos hallazgos
Hay que recordar que en presupuesto aprobado el gobierno quedó con ciertas facultades para hacer cambios. De hecho, tal estrategia generó controversias, puesto que los artículos 84, 85 y 86 permiten mover y trasladar dineros directamente hacia el “Fondo Milagro” (mecanismo enfocado en la reconstrucción y recuperación tras eventos de desastre) sin necesidad de pasar por una nueva aprobación previa del Congreso de la República.
En el entendido en el cual, muchos congresistas abogarán por la recuperación de los recursos que perdieron algunos sectores que buscaron favorecer, se tendrían que hacer adiciones presupuestales en el año entrante, lo que requiere de nueva ley.
Según explica el parlamentario Óscar Darío Pérez, “al Consejo Nacional Electoral-CNE, cómo no le asignaron ningún rubro este año en ese artículo (de facultades) se habla de posibles traslados”.
El parlamentario también detalla lo que contempla el artículo 70, que habla de que las juntas directivas de ciertas empresas del Estado pueden modificar presupuestos y vigencias futuras.

