La controversia por los errores en el trámite del Presupuesto General de la Nación 2027 abrió un nuevo frente de tensión dentro del Gobierno, luego de que se cuestionara la actuación de los funcionarios del Ministerio de Hacienda encargados de acompañar el proceso legislativo en el Congreso.
Según se conoció, una persona presentó su renuncia y se dieron por terminados cinco contratos de prestación de servicios, correspondientes a funcionarios que integraban el equipo de enlace legislativo del Ministerio de Hacienda.
“Renunció una persona y se terminaron cinco contratos de prestación de servicios. Ellos eran el equipo de enlace del Congreso”, señalaron fuentes cercanas a SEMANA.
Estos movimientos se producen en medio de los cuestionamientos por las fallas en el proceso de aprobación del Presupuesto 2027 y de las preguntas sobre las responsabilidades que deben asumir los encargados de coordinar las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo.
El equipo de enlace legislativo cumple una función clave en la interlocución entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente durante la discusión de iniciativas económicas de alto impacto. Entre sus responsabilidades está acompañar las deliberaciones, mantener la comunicación con los legisladores y facilitar la coordinación institucional durante las votaciones.
Oficialización del presupuesto
El Gobierno nacional oficializó el Presupuesto General de la Nación para 2027 mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre por un monto cercano a los $ 634,9 billones.
La decisión se tomó después de que el trámite en el Congreso quedara comprometido por diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, que no alcanzaron a ser conciliados dentro del plazo establecido.
Ante ese escenario, el Ejecutivo aplicó el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para fijar los recursos que tendrá el Estado durante el próximo año.
La discrepancia se concentró en el artículo 65 del proyecto, relacionado con mecanismos de cobertura financiera. Una proposición que no habría sido votada en el Senado terminó incorporada en la versión aprobada por la Cámara, lo que produjo diferencias entre ambos documentos.
Al no realizarse la conciliación antes del vencimiento del plazo legal, el Gobierno tomó como base el texto aprobado en el primer debate de las comisiones económicas. En consecuencia, algunas modificaciones acordadas durante las plenarias quedaron por fuera de la versión finalmente expedida, entre ellas recursos adicionales para las EPS y subsidios de energía y gas.
La situación también generó cuestionamientos sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de acompañar el trámite presupuestal y verificar los textos sometidos a consideración del Congreso.