Aunque la actividad legislativa del Congreso de la República deja la sensación de un freno a los proyectos del Ejecutivo, lo cierto es que, al medir las aprobaciones de leyes, el costo fiscal de las que obtuvieron aval es alto para el Estado. Es decir, se dejan de percibir recursos públicos como consecuencia de las normas aprobadas.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana realizó esta medición y encontró que, en 2024, las leyes que superaron el trámite en el Congreso y tienen algún impacto económico medible fueron 17, con un costo de 11,4 billones de pesos.
Según el análisis del Observatorio, basado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se trataría del mayor costo fiscal de la historia reciente.
La cifra podría ser mayor, pues hay otras leyes que no pueden cuantificarse, lo que no significa que no impliquen costos, sino que, en ocasiones, la falta de información o de cálculos dificulta medir su efecto.
En esta condición estuvieron 32 leyes, por lo que el Observatorio estima que el costo real podría ser aún más alto.
Desde hace algunos años, en Colombia se habla de la necesidad de que el Congreso cuente con una oficina técnica presupuestal que permita que las decisiones con efecto fiscal tengan un mejor sustento. Sin embargo, esta idea no se ha concretado y, ahora que se aproxima la llegada de un nuevo equipo de legisladores que asumirá curules a partir del 20 de julio, vuelve a plantearse la necesidad de una instancia técnica que oriente a los parlamentarios, más allá del lobby.
Hay que recordar que el Congreso que asumirá funciones a partir del segundo semestre del año está renovado, en promedio, en un 60 por ciento, y cuenta con personas que, en algunos casos, llegan por primera vez a ejercer una labor con profundas repercusiones para la nación.
En comisiones económicas se hace el presupuesto y las tributarias
Según el Observatorio de la Javeriana, el Legislativo cumple una doble función con sus decisiones en materia de costos para la bolsa pública: “Aprueba el presupuesto cada año y expide leyes que pueden crear nuevas obligaciones de gasto para el Estado”.
Se refiere a que cada ley que establece nuevos programas, subsidios o beneficios puede implicar compromisos presupuestales adicionales y, por tanto, afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, no es una tarea que deba realizarse a la ligera, sino considerando el impacto, que no solo se refleja en un año o en la vigencia de un gobierno, sino en un periodo mucho más extenso.
El Observatorio Fiscal recuerda que existe un mandato normativo en el país según el cual los proyectos de ley que generan gasto público deben incluir una estimación de su impacto fiscal y su consistencia con la planeación de las finanzas, es decir, con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero de cada anualidad.
Para sustentar que el año analizado por el Observatorio dejó el costo fiscal más alto en años recientes, este centro de investigación y análisis económico hizo un comparativo y concluyó que, en promedio, entre 2003 y 2010, el impacto anual de las leyes aprobadas se ubicaba alrededor de $2,8 billones, mientras que después de ese período se registraron algunos picos relacionados con circunstancias críticas. Posteriormente, “el costo fiscal vuelve a aumentar en los años recientes y alcanza su nivel más alto en 2024, con $11,4 billones”.
El gasto público inflexible
En las reiteradas ocasiones en las que el gobierno ha sido llamado a reducir el gasto público, sale a relucir que Colombia tiene un gasto mayoritariamente inflexible, como el del pago de pensiones y de nómina estatal, además de las transferencias a las regiones. Sin embargo, también hay otras circunstancias que presionan la bolsa de los recursos y evitan que las inversiones se enfoquen en temas de mayor beneficio para los ciudadanos. Es así como, según el informe del Observatorio, “en las últimas dos décadas, diferentes leyes han generado aumentos significativos del gasto público. La mayor parte del costo estimado corresponde a obligaciones de carácter estructural que se incorporan al presupuesto de manera recurrente. Esto implica que las decisiones legislativas no solo tienen efectos en el corto plazo, sino que también incrementan las rigideces del gasto público y condicionan el espacio fiscal de los años siguientes”, dice el documento.