Con mucha tela por cortar, el proyecto de ley de rescate económico sigue su camino y se apresta a librar una batalla legislativa en el Congreso de la República. Allí ya empiezan a consolidarse las posiciones alrededor de la iniciativa, que, como está hoy, permitiría mejorar las cuentas del Estado en 81 billones de pesos en 2028, según cálculos oficiales.
Para ello, el proyecto de ley contempla varias medidas que persiguen dos objetivos: aumentar los ingresos públicos y reducir el gasto. Las dos fuentes principales del Estado para obtener ingresos (sin acudir a deuda) son el recaudo de impuestos y la venta de activos de la nación, es decir, las privatizaciones.
Aunque algunos analistas creen que vender propiedades públicas sería la última carta que se jugaría el Gobierno, lo cierto es que en la exposición de motivos del proyecto de ley se confirma que es un pilar importante de la reforma.
No obstante, esta estrategia proporcionaría un alivio por una sola vez, aunque eso no le resta importancia ante la urgencia de conseguir recursos y ampliar el estrecho margen de maniobra fiscal. La situación es tan crítica que uno de cada tres pesos recaudados por la Dian se destina al pago de la deuda, lo que reduce los recursos disponibles para financiar obras e inversión pública.
El vicepresidente José Manuel Restrepo lanzó una fuerte advertencia frente al proyecto de reforma que presentó el Gobierno al Congreso: “Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/aNwxJ3cXLU
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 1, 2026
Detrás de la alternativa de privatizar empresas estatales también está la dificultad para que se apruebe el componente tributario de la ley de rescate, que tiene un talante casi sin precedentes: se mete con el IVA a la canasta básica, introduce más progresividad al impuesto de renta de personas naturales y amplía la base de contribuyentes del gravamen, además de eliminar beneficios en el pago de la seguridad social, entre otros.
El problema con la venta de propiedades públicas es que no resuelve el problema fiscal estructural porque el gasto que hay que cubrir es permanente. En todo caso, en el proyecto de ley se argumenta la necesidad de “optimizar activos estatales y agilizar procesos de enajenación de participaciones accionarias”, lo que, de paso, permitiría “reducir las ineficiencias asociadas a la tenencia, administración y disposición de bienes que no son necesarios para el desarrollo de las funciones misionales de las entidades públicas”.
“Hay que superar la enemistad con las privatizaciones”
En consecuencia, privatizar empresas públicas sí es algo que está en el visor. Los respaldos a esa ruta abundan, pero sin duda en el debate también surgirán detractores. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, sustenta que vender propiedades estatales podría ayudar. “Se deben ubicar los activos que pueden ponerse en venta, pero, ciertamente, ayudarían a disminuir el déficit, que es gigantesco”. Eso sí, agrega el economista, “habría que lidiar con esa enemistad que hay en Colombia frente a la privatización”.
Aunque el listado de propiedades que podrían ser parte de la solución es largo, muchos le apuntan a la venta autorizada del 8,5 por ciento de Ecopetrol, lo que, además, según expresa Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, ya está aprobado. “Ecopetrol es uno de los mangos bajitos, aunque hay una cantidad de entidades más. El mismo proyecto en la exposición de motivos menciona que el Estado es tan grande que no se sabe cuál es su dimensión; entonces, por eso se necesitan facultades para entrar, mirar y proceder a vender”. Añade que vender la parte aprobada de Ecopetrol “sería muy bueno hasta para la empresa, porque ahí sí quedaría vacunada contra cualquier injerencia que no sea estrictamente comercial”.
Estudio de propiedades estatales
El paquete de propiedades del Estado colombiano, según un documento elaborado por Lisandro Junco, exdirector de la Dian, contiene 62 empresas, con un patrimonio conjunto de 197 billones de pesos.
Una buena parte de ellas, según el Plan de Enajenaciones que el Gobierno envió al Congreso, en el Presupuesto 2027, son activos de Ecopetrol: “Son 38, valorados en 125,8 billones de pesos”, recordó Junco.
Con la salvedad de que el mencionado Plan no constituye una decisión, pues es un trámite que cada año se presenta ante el Legislativo, en el listado podría entrar ISA, que está bajo el control de Ecopetrol, con una participación accionaria del 51,41 por ciento. En plata blanca, significaría entre 17 y 20 billones de pesos, aunque los avalúos son dinámicos.
Según recuerda el exdirector de la Dian, “la transmisión eléctrica (que es a lo que se dedica ISA) nunca fue el negocio de Ecopetrol”. Hoy la acción de esa empresa cotiza en 29.700 pesos; por consiguiente, costaría entre 16,9 y 19,7 billones de pesos.
De acuerdo con lo expresado por Junco, “venderla al Grupo Energía Bogotá (GEB) sería un traslado entre empresas públicas, no una privatización”. No obstante, en octubre de 2026, Ecopetrol dijo que no estaba en proceso de desinversión.
Entretanto, por parte del posible comprador, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, dice que “más allá del interés del grupo, es el momento geopolítico apropiado para que las empresas se integren y tengan músculo global”.
El caso de Ecopetrol está regulado por ley. Desde 2006 se estableció que la nación está obligada a conservar el 80 por ciento de la propiedad. Por lo tanto, si en la actualidad tiene 88,49 por ciento de las acciones, podría vender el 8,49 por ciento, con lo cual obtendría alrededor de 9,5 billones de pesos. “La acción ya cotiza en 2.720 pesos”, señala Junco.
En su análisis aparece el Grupo Bicentenario, que en la primera etapa del plan de ventas representaría entre 4 y 6 billones de pesos. “Tiene 13 entidades con patrimonio de 27,98 billones de pesos. Primero Positiva, con avalúo estimado en 1,26 billones; La Previsora, con 0,90 billones, y las tres fiduciarias. Luego la fusión de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Findeter, Bancóldex y Finagro en un banco de desarrollo con apertura de capital”.
Como el mismo Gobierno ha sustentado que parte del ajuste fiscal propuesto en la ley de rescate económico tiene que ver con lograr eficiencias institucionales, Junco menciona al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), convertido en sociedad por acciones; al Banco Agrario y al Fondo Nacional de Garantías, también como parte de las intervenciones en la última etapa del proceso. “El Estado, para cumplir sus funciones esenciales, no necesita participar directamente en el sector financiero, en la banca o en la industria de seguros”, argumenta el experto.
Tres compañías más, que forman parte de los bienes del Estado –Cenit, Ocensa y Oleoducto de Colombia– y tienen que ver con Ecopetrol, fueron mencionadas en el análisis de Junco. “De ahí se podrían obtener entre 15 y 25 billones de pesos, teniendo en cuenta que la primera posee un patrimonio de 16,85 billones y figura en el plan de enajenación 2027, por 16,04 billones de pesos”.
En las cuentas también entrarían las electrificadoras y empresas menores que cada año están en capilla, como primeras candidatas a venderse. “Representan entre 5 y 8 billones de pesos y son Cedenar, Cedelca, Electrocaquetá, Electrohuila, Emsa, la empresa de San Andrés, Dispac, Gecelca, Gensa y Urrá”.
El Estado también es dueño de cinco canales de televisión, Servicios Postales, Satena, Hotel Tequendama, Vecol, Imprenta Nacional, centros de diagnóstico automotor, sin contar con la propiedad que tiene en los inmuebles de Cisa y de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco.
Con un nivel de deuda pública que, sin los correctivos propuestos en la ley de rescate, llegaría al 66,2 por ciento del PIB en 2027, la propuesta de Junco es que el recaudo por venta de activos no esenciales para el Estado se destine a las obligaciones crediticias. “El procedimiento es el del artículo 60 de la Constitución y la Ley 226 de 1995: avalúo independiente, programa de enajenación por decreto. En la primera etapa, a precio fijo para trabajadores, pensionados, fondos de pensiones y cooperativas. En la segunda etapa, al público, precio mínimo y venta por bloques, con informe trimestral al Congreso y al Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El efecto es doble: la deuda bruta baja en 3 puntos del PIB y los intereses se reducen entre 4 y 5 billones anuales, alrededor de 0,2 por ciento del PIB, de manera permanente. Es, además, la única fuente capaz de cubrir el puente de 2027 mientras maduran las demás”.
