Un Estado planificado debería tener organizado su cronograma de contratación con recursos públicos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que existe precisamente para blindar estos recursos antes de unas elecciones, evitando que sean utilizados con fines de compra de votos u otras irregularidades que atentan contra la democracia.
Sin embargo, sigue presentándose un fenómeno que despierta suspicacias, especialmente cuando la contratación prohibida por la Ley de Garantías se dispara de manera tan amplia como en esta ocasión, apenas una semana, e incluso un día, antes de la entrada en vigencia de la norma, el 31 de enero.
La Contraloría General realizó la revisión en enero, considerando que la Ley de Garantías aplica primero para las elecciones del Congreso y luego para las presidenciales. Lo hallado por el organismo de control llamó la atención de Andrés Felipe Cifuentes, director de la Diari, la unidad encargada de Información, Análisis y Reacción Inmediata.
Las regiones fueron las que más aceleraron el ritmo de contratación: solo en el primer mes del año, de un total de 521.269 contratos directos —mejor conocidos como “a dedo”— que se firmaron en todo el país, 348.495 correspondieron a las regiones.
Aquí tienes el texto con la redacción ajustada para mayor claridad y coherencia, manteniendo el sentido original:
La cuantía no es poca cosa. Del total de la contratación realizada, que asciende a $32,8 billones —tres veces lo que se buscaba obtener con la emergencia económica suspendida por la Corte Constitucional—, 17,7 billones de pesos corresponden a los entes territoriales.
A nivel nacional, los contratos suscritos suman $14,8 billones, mientras que las corporaciones autónomas registraron 7.961 contratos por $0,3 billones.
No hay que olvidar el peso que constituyen las regiones en ambas elecciones: de Congreso y de Presidencia.
Según el director de la Diari, lo más llamativo es que la mayor parte de la contratación ahora prohibida se concentró en la última semana antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías: un 45 %, equivalente a 14 billones de pesos. Peor aún, solo en el último día, el 30 de enero, se realizaron contrataciones por 5,7 billones.
De acuerdo con la norma, desde el 31 de enero no se pueden celebrar contratos directos sin convocatoria pública. Además, a partir del 8 de enero del año pasado no podían firmarse convenios interadministrativos.