A partir del 25 de junio de 2026, las empresas en Colombia con más de 100 trabajadores deben incluir en su planta laboral a personas con discapacidad, según la Ley 2466 de 2025, que fija una cuota mínima de dos personas por cada 100 empleados.
La medida busca avanzar en la inclusión laboral y la reducción de las brechas que enfrenta esta población para acceder a oportunidades de empleo formal.
La norma plantea que las organizaciones deben adoptar ajustes en sus procesos internos para facilitar la vinculación laboral de personas con discapacidad.
Esto incluye desde la identificación de vacantes que puedan ser ocupadas por esta población hasta la adaptación de los espacios de trabajo y la capacitación de los equipos de talento humano para realizar procesos de selección más inclusivos.
Según expertos en inclusión laboral, uno de los principales retos para las empresas está en superar barreras culturales y organizacionales que aún persisten en el mercado laboral.
Entre ellas se encuentran el desconocimiento sobre la discapacidad, la falta de información sobre el marco normativo y la presencia de prejuicios que pueden limitar la contratación de esta población.
Carolina Reina, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar, explica que la preparación de los equipos de recursos humanos es un aspecto clave para implementar este tipo de procesos.
“Es indispensable que los equipos de talento humano cuenten con formación en inclusión laboral y discapacidad, ya que esto permite desarrollar procesos objetivos, respetuosos y técnicamente adecuados”, indica.
Más allá del impacto social, distintos estudios han señalado que la diversidad en los equipos de trabajo también puede generar beneficios económicos para las organizaciones.
Un análisis realizado por Accenture en conjunto con Disability:IN y la Asociación Americana de Personas con Discapacidad encontró que las empresas que promueven activamente la inclusión de esta población registran 1,6 veces más ingresos, además de duplicar sus beneficios económicos frente a aquellas con menor nivel de inclusión.
En Colombia, además de la obligación legal, existen incentivos para las compañías que promuevan la contratación de personas con discapacidad.
Entre ellos se encuentran beneficios tributarios, como la deducción en el impuesto de renta del 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados, así como reducciones en la cuota de aprendices y prioridad en procesos de contratación pública.
Especialistas en empleo señalan que la implementación de modelos de inclusión laboral requiere un enfoque estructurado y de largo plazo, que combine procesos de formación, acompañamiento y seguimiento para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y permanencia en el empleo.
Experiencias desarrolladas en programas de intermediación laboral muestran que, cuando existen rutas de inclusión bien definidas y apoyo institucional, es posible ampliar las oportunidades de empleo para esta población y fortalecer la diversidad dentro de las organizaciones.