economía

Superintendencia de Sociedades impone multa a fundador de Justo & Bueno

La entidad sancionó a Michel Olmi Bustos, con una multa de 100 millones de pesos, por no atender requerimientos de la entidad.


La Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Billy Escobar Pérez, le impuso una multa de 100 millones de pesos a Michel Olmi Bustos, fundador de Justo & Bueno, quien figura como director, presidente y/o representante legal de Reve Group, Inc. La resolución de la entidad fue expedida el pasado 22 de julio.

“La Superintendencia de Sociedades en reiteradas oportunidades le solicitó al señor Michel Olmi Bustos, en su condición de director, presidente y/o representante legal de Reve Group, Inc., una certificación de la evolución de la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales, una certificación de las inversiones que posee o ha poseído la misma en compañías constituidas en Colombia, directa o indirectamente y copia del contrato de acuerdo de accionistas o cualquier otra denominación, que contenga directrices sobre la adopción de las decisiones por parte del máximo órgano social de Reve Group, Inc.”, informó la entidad en un comunicado de prensa.

Según la Supersociedades, “Michel Olmi Bustos no atendió ninguno de los requerimientos efectuados de manera reiterada por la Superintendencia de Sociedades, hecho que constituye un grave obstáculo para el desarrollo de la investigación administrativa, tendiente a determinar la configuración de situaciones de control o de grupo empresarial que vinculan a BBI Colombia S.A.S., BBI Colombia Brands S.A.S., Cafés de Origen Especial S.A.S. y Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, entre otras”.

La Superintendencia recordó que “tratándose de Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, en audiencia pública del 12 de mayo de 2022, en el marco del proceso de insolvencia, se puso de presente la crítica situación económica de la sociedad; de acuerdo con lo señalado por los acreedores y lo manifestado por el promotor, existen obligaciones impagas por una suma de ciento treinta y cinco mil millones de pesos ($ 135.000.000.000), de los cuales la deudora no ha acreditado una fórmula efectiva para su pago”.

Esta multa es una acción más del superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, en este capítulo de Justo & Bueno.

A liquidación: salvamento de Justo & Bueno de parte de proveedores tampoco se dio

En una audiencia pública llena de tensiones y demoras, el juez de la Superintendencia de Sociedades, Santiago Londoño, quien lleva el caso desde hace varios meses, anunció que se reanuda el proceso de liquidación de Justo & Bueno, pues el salvamento para el cual se había suspendido el trámite finalmente no se dio.

Más de 1.500 personas que asistían a la audiencia pública, de manera virtual, escucharon el informe del juez, según el cual, se requería un inversionista que trajera una propuesta económica, por 300.000 millones de pesos, pero no lo hubo.

A la voz de un posible salvamento para que se mantengan los empleos en Justo & Bueno, los trabajadores volvieron con la expectativa de un pago diario. Solo que muchos quedaron inconformes porque la asignación no corresponde al valor del día de trabajo según su salario.
A la voz de un posible salvamento para que se mantengan los empleos en Justo & Bueno, los trabajadores volvieron con la expectativa de un pago diario. Solo que muchos quedaron inconformes porque la asignación no corresponde al valor del día de trabajo según su salario. - Foto: guillermo torres-semana

Los proveedores que habían alzado la mano, en mayo, pidiendo que se suspendiera la audiencia mientras elaboraban el salvavidas, también se echaron atrás, y ya había existido una primera expectativa fallida, cuando se supo de un posible inversionista (un fondo chino), luego de que el país conociera que Justo & Bueno pasaría, primero, a reestructuración empresarial y, luego, a liquidación.

El primero de los proveedores que renunció (de los del grupo que lanzó la idea de salvamento) fue Marco Monroy. Faltaba otro, Alfonso Giraldo, quien representó a otros proveedores igualmente interesados en el salvamento. Finalmente, también dio marcha atrás con un argumento tributario que fue rebatido por el juez.

Lo cierto es que, de esa manera, se cerró la posibilidad que se abrió en mayo de este año y que dio esperanza a varios miles de trabajadores que seguían laborando ―con el pago de una parte de un salario mínimo diario, proveniente de las ventas― con la expectativa de conservar su empleo.

Pero todo volvió al punto en el que quedó en mayo, cuando se realizó la audiencia para proceder a la liquidación de Justo & Bueno. Este jueves, Alfonso Giraldo, en representación de varios proveedores y en el suyo propio, acudió al artículo 136 de la Ley 2159 de 2021, según el cual tendrían que asumir mucha carga tributaria con la propuesta inversionista, lo que el juez del caso rebatió. Londoño expresó que dicha norma ya existía en el momento en el cual se anunció el posible salvamento (por parte de ellos).

¿Qué viene?

Lo que se avecina ahora no es nada sencillo. Según anunció el juez Londoño, se procederá a la desocupación y devolución de los locales a los arrendadores, lo que se hará en los próximos 20 días. Ya en días pasados, cientos de dueños de locales venían protestando y exigiendo la devolución de sus inmuebles, por los que no recibían canon de arrendamiento desde hacía 16 meses. Así, cada vez eran más los que se sumaban al grupo de los que creían que era inviable salvar a Justo & Bueno. Ahora, a los dueños de inmuebles les asalta otra preocupación: ¿quién asumirá el pago de los servicios públicos que les deja Mercadería Justo & Bueno sin cubrir?

De igual manera, según lo expresó el juez, también se adelantará la entrega de artículos a los proveedores (los que sean posibles), por lo que la lista de peticiones y temores en la audiencia pública parecía interminable.

Se ponían todas las posibilidades y riesgos que hay en medio de la situación: el pago de los servicios públicos atrasados, por los cuales, los arrendadores dicen tener ya procesos judiciales abiertos. El ordenamiento, en términos de fechas y de control de posibles saqueos, para la entrega de los inmuebles y de los productos.

Pero, sin duda, el mayor drama es para los trabajadores, no solo porque quedan en el limbo laboral en un momento en el que el desempleo en el país aún es de dos dígitos, sino por lo que enfrentarán en los próximos días. Muchos temen por la suspensión de la atención en salud ante la falta de pago de su seguridad social en las EPS, es decir, quedan desamparados mientras vuelven a engancharse en el mercado laboral. Según intervenciones en la audiencia, hay mujeres en gestación, personas discapacitadas, otros que están en incapacidades por problemas de salud.

Se trata de un drama social que enfrentarán miles de familias colombianas que tienen relación con los actores y protagonistas de esta cadena de tiendas. Por ello, una vez más surgió una voz que pidió al juez escuchar una nueva alternativa, esta vez, de los trabajadores, lo que al parecer no es posible ya, según las normas.

La complicada tarea que tendrá el liquidador, Darío Laguado, ya se ve venir. Lo que está involucrado es mucho: equipos que Justo & Bueno tenía en calidad de arriendo, neveras, computadores, registradoras. La elaboración de inventarios, las prioridades de pago de acreedores. En fin, la novela de Justo & Bueno ahora apenas abre nuevos y tortuosos capítulos.