Uno de los escádalos del 2015 surgió cuando se reveló el estado de coma en el que se encontraba la Fundación Universitaria San Martín por cuenta de presuntas irregularidades en su administración. Eso la llevó a perder 55 de los 60 registros calificados de sus programas académicos.
En medio de esos acontecimientos, el estudiante de Zootecnia Cristian Sánchez se dio a conocer cuando se colgó en una cruz a una altura de siete pisos en la fachada de uno de los edificios del centro educativo en Bogotá.
Desde ese año, Sánchez se volvió el vocero de miles de estudiantes que veían como su inversión en educación se veía perdida con el cierre de la universidad a causa del no pago de docentes y funcionarios por la presunta desviación de recursos por parte de los directivos de la institución.
Fueron años de lucha de Sánchez para que la universidad retomara el funcionamiento y poder culminar su carrera. No obstante, Sánchez continuaba con sus protestas por la falta de medidas que se tomaban para recuperar los recursos de la institución y le dieran solución a la situación de miles de estudiantes que habían quedado en vilo con el cierre de programas.
En enero de 2018, Sánchez bloqueó el ingreso de una de las sedes en Bogotá con cadenas, hecho que tuvo que terminar, como en ocasiones anteriores, con el actuar de la policía. En ese momento el estudiante ya tenía todos los requisitos para poder graduarse.
Sin embargo, un par de meses después, el Consejo Académico de la universidad determinó cancelar su matrícula. Debido a esta decisión, cuando Sánchez fue a solicitar el recibo de pago para los derechos de grado y graduarse al siguiente semestre, se le negó. Con este panorama, el estudiante interpuso una tutela que se elevó hasta la Corte Constitucional, para poder terminar sus estudios de educación superior.
Para la Corte, la autonomía universitaria no puede derivar en arbitrariedad, y por consiguiente, las instituciones educativas, tanto de naturaleza publica como privada, están limitadas por las garantías del debido proceso, "la actuación disciplinara debe sujetarse a los derechos de defensa y contradicción".
La Sala de Revisión encontró que se vulneró el debido proceso al estudiante, y no se tuvo en cuenta su situación académica a la hora de dictar la sanción disciplinaria. Por tal razón, la Corte sentenció que la universidad no estaba facultada por su propio reglamento estudiantil para imponer como sanción la “cancelación de matrícula” ni tampoco para negar la expedición del recibo de pago para los derechos de grado, teniendo en cuenta que cuando el estudiante hizo esa protesta no estaba matriculado, era un egresado sin título.
Asimismo, la Corte indicó que como consecuencia de la medida disciplinaria interpuesta por la universidad, se vulneró el derecho al trabajo y a ejercer una profesión del estudiante, "sin una razón o justificación válida no se le permitió obtener el título profesional, el cual le hubiera su acceso con mayor eficacia en el mercado laboral".
En razón a ello, la Sala ordenó a la Universidad que adopte una nueva decisión sobre el comportamiento y sanciones aplicables a Sánchez con base al verdadero trato que debe tener como egresado sin título y no como estudiante. Asimismo, ordenó de forma inmediata la expedición del recibo de pago para los derechos de grado.