EDUCACIÓN
Por pandemia, cayó la cifra de matrículas universitarias en Colombia
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) reveló que el número de personas matriculadas fue de un 11,3 % menos que en 2019.
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A pesar de que muchas universidades del país anunciaron descuentos para este semestre y algunas incluso informaron que harían un esfuerzo extra para garantizar matrículas “cero”, las cifras de estudiantes inscritos en programas de educación superior cayó un 11,3 % en el segundo semestre de 2020, frente al mismo periodo del año anterior.
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Así lo informó la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), que indicó que este comportamiento, así como el menor número de estudiantes, se debe principalmente a la pandemia del coronavirus, que ha generado una profunda crisis económica y social no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
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De acuerdo con el informe, al comparar la cifra de matriculados del segundo semestre de 2020, frente al de 2019, en este último periodo había 1,3 millones de estudiantes inscritos en 87 universidades.
Antes de que iniciara la pandemia de covid-19 ya se venía presentando esta situación, pues cerca del 3,3 % de estudiantes no estaban renovando su matrícula o ingresando a la educación superior, frente a cifras anteriores.
Incluso, el año anterior la Ascun envió una carta al presidente Iván Duque para que prestara atención a la situación por la que pasaba el sector. “Se torna más difícil como consecuencia de la actual pandemia que nos afecta y que ha llevado a la destrucción parcial del tejido empresarial y a un alto nivel de desempleo, con el consecuente impacto en la matrícula y el sostenimiento de los estudiantes”, según el texto.
Igualmente, la misiva incluía ocho propuestas que podían ayudar a mitigar la emergencia:
- Proveer un apoyo generalizado a los estudiantes actuales y nuevos con recursos públicos para que puedan continuar con su proceso educativo, así como ofrecer subsidios en términos de sostenibilidad y conectividad a quienes realmente lo requieran.
- Facilitar el acceso a los créditos del Icetex con tasa de interés correspondiente al IPC y amplios plazos para pagarlos, una vez los estudiantes se gradúen y entren a la vida laboral; y posponer las cuotas de amortización por intereses y capital de los créditos actuales hasta enero de 2023.
- Aumentar la cobertura del Programa Generación E para duplicar al menos lo programado para el año 2021.
- Entregar un apoyo económico para mantener la nómina de nuestros colaboradores que devenguen hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes a través del programa de apoyo al empleo formal.
- Posponer hasta enero de 2023 el pago de intereses y la amortización a capital de los créditos vigentes con Findeter.
- Destinar una partida en el presupuesto nacional para asumir el aporte que tradicionalmente hacen las universidades privadas a sus proyectos de investigación cuyos recursos provienen del pago de matrículas.
- Aumentar la participación del Gobierno nacional en el Consorcio Colombia, por medio del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para liberar recursos que las IES aportan de contrapartida, proporcionando un alivio en sus compromisos financieros.
- Establecer una línea especial de crédito compensado con tasa de interés cero para atender las actualizaciones en materia de equipos y tecnología que demanda el cumplimiento de la misión universitaria.
El texto, firmado por las directivas de la Asociación, le pide al presidente que, “dadas las características del problema y de las posibles soluciones, invocamos su oportuna y directa intervención para atender la situación de las universidades privadas, que no sólo han tenido una disminución significativa de sus ingresos sino que perciben con preocupación la pronunciada tendencia de reducción de matrículas para los años 2021 y 2022″.
#EventosUniversidades | @UniversidadEan y el Congreso de la República invitan a la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 372 de 2020 Senado
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📆 4/03
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De materializarse esta situación, advierte la organización, pondría en riesgo la calidad y sostenibilidad de muchas instituciones, además de que podría bajar notoriamente las metas de cobertura previstas por el Gobierno para la educación superior.