El Gobierno de Gustavo Petro presentó una propuesta para modificar la ley que regula la educación superior en Colombia, en una de sus últimas apuestas de gran alcance antes del cambio de administración que se producirá el próximo 7 de agosto.
La iniciativa pretende reemplazar varias de las reglas vigentes desde hace más de tres décadas y plantea una transformación en la manera en que el Estado financia y garantiza el acceso a las universidades públicas.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la gratuidad en la educación superior pública deje de depender de programas o decisiones de cada gobierno y pase a consolidarse como una política permanente. Para ello, el proyecto plantea modificar el esquema de financiación de las instituciones y aumentar los recursos destinados a su funcionamiento.
El Gobierno también busca que la financiación tenga en cuenta el crecimiento de las universidades, la ampliación de la cobertura, las necesidades de infraestructura y las diferencias entre las instituciones ubicadas en las grandes ciudades y aquellas que atienden a estudiantes en las regiones.
La reforma también contempla cambios en el funcionamiento de las universidades. Entre ellos se encuentra una mayor participación de estudiantes y profesores en los órganos de decisión, así como un fortalecimiento de la investigación, la innovación y los programas de bienestar para la comunidad educativa.
Otro de los cambios planteados está relacionado con el Icetex. La propuesta busca que la entidad concentre su función en créditos y apoyos para estudios de posgrado y formación en el exterior, mientras que el acceso a la educación superior pública tendría una mayor financiación directa por parte del Estado.
El proyecto llega en un momento determinante para el futuro de la propuesta. Aunque fue impulsado por la administración de Gustavo Petro, su discusión y eventual aprobación quedarán en manos del Congreso durante el próximo Gobierno, que estará encabezado por Abelardo De La Espriella.
Por eso, una de las principales incógnitas será si la nueva administración respaldará, modificará o se opondrá a los cambios que propone el actual Gobierno para la educación superior.
La propuesta busca, en palabras del Ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, establecer una nueva hoja de ruta para las universidades durante las próximas décadas.
“Es el fruto de un Gobierno que decidió ver a la juventud como aliada y no como su enemiga y que, junto a ella, logró avances históricos en materia de educación. La lucha sigue y se traslada al Congreso y como es natural, a una juventud organizada que siga defendiendo este camino. Cuentan conmigo para seguir respaldando la educación pública y a este proyecto de ley que traza la ruta para que la educación sea, de una vez por todas, un derecho fundamental”, aseguró Rojas Medellín.