Poco a poco se acerca el fin del gobierno de Gustavo Petro, contando los días para que se abran las puertas a un nuevo presidente. Abelardo De La Espriella tomará aquella posición, encaminando el país a un nuevo modelo.
En medio de la espera, el Gobierno nacional hizo una nueva movida y oficializó la Resolución 1350, mediante la cual quedó adoptada la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, un instrumento que orientará las acciones de sectores como salud, educación, trabajo y cultura durante los próximos años.
Según lo expuesto por el Ejecutivo, esta política busca fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, mediante la articulación de distintas entidades del Estado y la implementación de estrategias en varios ámbitos.
Como parte de las medidas contempladas, la resolución asignó al Ministerio de Educación la elaboración de lineamientos que permitan aplicar esta política en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y media. De igual manera, establece que tanto los colegios públicos como los privados deberán incorporar dichas orientaciones dentro de sus procesos institucionales.
“Deberán incorporar de manera transversal, participativa y con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, los contenidos de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas”, reseña.
El documento también señala que la política estará sustentada en diversos enfoques transversales, entre ellos el de derechos humanos, género, diversidad étnica y cultural, discapacidad e interseccionalidad, con el propósito de atender las distintas realidades y necesidades de la población.
Además, la normativa reconoce como sujetos de especial protección a las personas con orientaciones sexuales, identidades de género o expresiones de género diversas, aspecto que hace parte de los criterios definidos para el desarrollo e implementación de esta política pública a nivel nacional.