En la zona rutal de 168 municipios de Colombia, donde durante décadas la guerra marcó la vida cotidiana y condicionó la participación política, hoy se organiza un proceso electoral con reglas propias, requisitos diferenciados y acompañamiento institucional permanente. Se trata de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 16 territorios creados tras el Acuerdo Final de 2016 para garantizar representación política a comunidades afectadas por el conflicto armado y abrir un espacio directo en el Congreso para voces históricamente excluidas.
No son curules ordinarias. Son 16 escaños en la Cámara de Representantes con carácter transitorio —vigentes para los periodos 2022–2026 y 2026–2030— concebidos como una medida de reparación política y de inclusión democrática en zonas donde la violencia limitó durante años la competencia electoral. En estas circunscripciones solo votan quienes tengan su cédula inscrita en los puestos de votación rurales; no participan las cabeceras municipales y los partidos tradicionales no pueden inscribir candidatos. La idea es que la representación surja desde el territorio y no desde las estructuras políticas tradicionales.
El próximo 8 de marzo los ciudadanos de estas zonas rurales elegirán un representante por cada circunscripción. Para la jornada estarán habilitados 2.109 puestos y 5.042 mesas de votación exclusivamente en áreas rurales. La dimensión operativa es significativa: implica despliegue logístico, capacitación de jurados, verificación de acreditaciones y coordinación con la Fuerza Pública en territorios donde persisten retos estructurales de seguridad, conectividad y acceso institucional.
¿Quiénes pueden postularse y quiénes votan?
Las CITREP establecen reglas diferenciadas tanto para aspirar como para participar en las urnas. Pueden postular candidatos las organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, campesinas y de mujeres; consejos comunitarios afro, resguardos indígenas, grupos significativos de ciudadanos y los Kumpany. No cualquier colectividad puede presentar aspirantes. Además, los candidatos deben acreditar su condición de víctima del conflicto, demostrar arraigo territorial y cumplir con requisitos documentales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, lo que configura un filtro jurídico y administrativo estricto.
Aura Camargo Mercado, lideresa social de San Juan Nepomuceno y candidata en los Montes de María, describe el proceso como “exigente, detallado y profundamente simbólico”. Señala que cumplir los requisitos implica acreditar arraigo, condición de víctima y respaldo organizativo real. “Cada certificado entregado no es solo un papel, es la prueba de años de trabajo comunitario”, dice refiriéndose al peso político y personal que tiene cada documento dentro del trámite.
Claudia Cueto, también candidata por los Montes de María, coincide en que el procedimiento técnico es riguroso. “El uso de aplicativos y herramientas digitales representa un reto adicional en territorios rurales donde la conectividad es inestable. Pero también entiendo que esa rigurosidad busca garantizar transparencia y legitimidad en un proceso que debe blindarse de cualquier irregularidad”, explica, subrayando la tensión entre exigencia técnica y condiciones territoriales.
En estas circunscripciones solo pueden votar los ciudadanos inscritos en el censo electoral de los puestos rurales de los 168 municipios habilitados. Además, se utiliza una tarjeta separada para la elección CITREP, lo que refuerza su carácter diferenciado dentro del sistema electoral colombiano y evita confusiones con la elección ordinaria a Cámara de Representantes.
El papel del Consejo Nacional Electoral
En este engranaje institucional, el eje central es el acompañamiento y la supervisión técnica. En regiones donde la distancia geográfica, la dispersión poblacional y las limitaciones tecnológicas son parte de la cotidianidad, el CNE ha desplegado puntos de atención territoriales que cumplen funciones técnicas, pedagógicas y de orientación para garantizar que las reglas se cumplan y que el proceso se desarrolle con estándares de transparencia.
Valentín Restrepo, líder del punto de atención CITREP 03 en Caucasia, Antioquia, explica que la participación de actores electorales ha sido positiva gracias al acompañamiento del equipo del CNE. “Con su labor de inspección, vigilancia y control se han establecido las bases para que las agrupaciones conozcan el proceso de postulación y acreditación de sus actores electorales”, señala.
Uno de los avances más relevantes es la Plataforma Única de Acreditación y Postulación de Actores Electorales. A través de este sistema, las agrupaciones pueden postular testigos electorales, auditores de sistemas y observadores electorales de manera unificada. Las credenciales generadas incluyen códigos QR que permiten verificar identidad y rol en los puestos de votación, reduciendo errores, duplicidades o inconsistencias en la fase operativa y fortaleciendo los controles durante la jornada.
“El punto de atención funciona como canal de enlace entre las agrupaciones políticas y el Consejo Nacional Electoral”, agrega Restrepo. Su labor no interviene en decisiones internas de las organizaciones, sino que cumple una función técnica, preventiva y orientadora para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y anticipar posibles fallas administrativas.
En Apartadó, Antioquia, Jaime Alexander Mateus lidera el punto de atención de la CITREP 16, que abarca municipios como Necoclí, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, San Pedro de Urabá y Turbo. “Las ocho agrupaciones políticas han sido receptivas a la capacitación presencial y virtual”, afirma. El acompañamiento incluye soporte técnico permanente, incluso 24/7, para resolver dudas sobre el cargue de información en la plataforma y garantizar que los registros se realicen conforme a los plazos establecidos.
En Barrancabermeja, Freddy Alberto Zuluaga destaca que la postulación se rige por la Resolución 09458 de 2025 y que los plazos están claramente definidos. “Brindamos apoyo técnico y pedagógico sin favorecer candidaturas. También hacemos identificación temprana de posibles incumplimientos normativos”, explica. Allí se realizan simulacros del sistema y jornadas de capacitación para asegurar el uso adecuado del aplicativo y prevenir contingencias el día de la elección.
En San José del Guaviare, Karen Eliana Morris describe un acompañamiento permanente y cercano al territorio. “En zonas con limitaciones de conectividad, el CNE ha dispuesto canales alternativos y atención directa desde el punto de apoyo, garantizando acompañamiento efectivo y oportuno”, afirma. Las capacitaciones incluyen el uso del aplicativo COMITIUM, una herramienta que permite validar en tiempo real las acreditaciones durante la jornada electoral y facilitar el control en los puestos rurales.
En Mitú, Vaupés, donde la dispersión geográfica es alta y existen comunidades indígenas en zonas no municipalizadas, Eliana Vanessa Guerrero explica que el modelo digital reduce desplazamientos físicos y tiempos de gestión. “Las agrupaciones conocen el territorio y, a través de comunicación con capitanes y presidentes de zona, logran consolidar sus listados de testigos”, señala. El punto de atención brinda orientación sobre requisitos, soporte técnico y seguimiento hasta la generación de credenciales digitales con código QR.
La capacitación a miembros de la Policía y el Ejército constituye otro componente clave del proceso. El CNE ha desarrollado ciclos formativos para instruir a uniformados en el uso de las plataformas digitales y en la verificación de credenciales de actores electorales. Esta articulación fortalece el denominado Plan Democracia y permite un control ágil del ingreso a los puestos de votación, bajo criterios técnicos previamente definidos.
“La articulación permanente entre el CNE y la Fuerza Pública es fundamental para el desarrollo coordinado y el respeto por las garantías electorales”, señala Morris desde Guaviare, resaltando la necesidad de coordinación en territorios donde la seguridad sigue siendo un factor determinante.
Democracia rural en marcha
El coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE), Diego Alejandro Rubiano, recuerda que las 16 CITREP se ubican en zonas que históricamente han concentrado altos riesgos por factores de violencia. “Son 168 municipios cuidadosamente seleccionados en el Acuerdo de Paz, donde se combinan programas de desarrollo con enfoque territorial y representación adicional en la Cámara”, precisa al referirse al alcance político del mecanismo.
Rubiano subraya que esta será la última elección de las CITREP, dado su carácter transitorio, y enfatiza que el ejercicio electoral implica corresponsabilidad ciudadana. “Reportar irregularidades y participar activamente fortalece el proceso”, afirma. Y señala que la legitimidad no depende solo de las instituciones sino también del comportamiento de actores y votantes.
El 8 de marzo, mientras el país vota para elegir a los nuevos congresistas y a los candidatos de las Consultas, en 168 municipios rurales también se definirá la última etapa de un mecanismo creado para que las comunidades afectadas por el conflicto tengan voz directa en la Cámara de Representantes. En esas 5.042 mesas distribuidas en 2.109 puestos rurales, la democracia colombiana se juega no solo en votos, sino en la posibilidad de consolidar representación legítima en territorios donde durante años la participación política estuvo limitada por el miedo y la ausencia estatal.