El Caribe ya escogió su rumbo: avanzar hacia la autonomía regional. Anteriormente escribí sobre la operación Market Garden, retratada en la película A Bridge Too Far, la operación en la que los británicos movilizaron una fuerza formidable, pero llegaron tarde al puente decisivo. Hoy, nuestro desafío es distinto. La ruta está trazada, la institucionalidad existe y el proceso está en marcha. Ya sabemos cuál es el puente; ahora debemos reunir las capacidades de la región para cruzarlo juntos.
El pasado 12 de agosto se radicó en el Senado de la República el proyecto de ley orgánica para convertir la RAP Caribe en una Región Entidad Territorial. Aunque el trámite legislativo comienza, la construcción regional no parte de cero. Tras la decisión de los siete gobernadores en Mompox, en septiembre de 2024, avanzaron las ordenanzas departamentales, el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional y se construyó con la academia un Documento Técnico de Soporte. Contamos además con el Plan Estratégico Regional Caribe 2024 - 2035.
Autonomía no es una consigna contra Bogotá, es la capacidad de atender problemas que desbordaron los límites departamentales, entre ellos energía, agua, erosión costera, conectividad y cadenas productivas que funcionan a escala regional.
El diseño institucional no es nuevo. La Constitución trazó la ruta regional y la Ley 1454 de 2011 la materializó al permitir constituir las RAP con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio. En 2019, la Ley 1962 fortaleció la figura y reguló el paso hacia las RET. La RAP puede articular la planeación, impulsar proyectos regionales, prestar asistencia técnica, gestionar recursos y promover alianzas público-privadas. El cauce jurídico existe, sin embargo, es hora de darle fuerza a la descentralización regional.
Desde 2024 venimos probándolo. El Plan Estratégico Regional Caribe 2035 fijó cinco hechos regionales; con las universidades de la región construimos una agenda de cooperación académica, y en la Mesa Minero-Energética del Caribe, junto a gremios, empresas y universidades, construimos una hoja de ruta con 49 iniciativas en procura de la seguridad energética de Colombia.
Aun así, no es suficiente porque las regiones necesitan mayores capacidades técnicas, recursos de inversión y mejores sistemas de información. Debemos publicar criterios de priorización, facilitar el seguimiento ciudadano y tener mayor presencia en los departamentos.
La cuádruple hélice cobra sentido cuando gobiernos, universidades, empresas y organizaciones sociales trabajan alrededor de una agenda común. A las RAP les corresponde propiciar ese encuentro, sostenerlo en el tiempo y garantizar reglas claras para todos. Allí deben tener cabida quienes aporten proyectos maduros, conocimiento útil o alternativas de financiación. Las buenas ideas pueden surgir en cualquier sector, pero convertirlas en prioridades regionales y orientar recursos exige una institucionalidad pública que asuma la responsabilidad y rinda cuentas ante la ciudadanía.
Con la radicación de este 12 de agosto se dio un paso importante en el camino hacia la autonomía regional. Después vendrán debates en el Congreso, los ajustes propios de toda iniciativa y, si la ley es aprobada, la decisión ciudadana mediante referendo.
Durante ese recorrido debemos seguir fortaleciendo la institucionalidad que la Constitución Política de 1991 nos dio y que los departamentos han construido, y hacer de ella un punto de encuentro para todos los que quieran aportar al Caribe. Región somos todos. Reconozcamos lo que cada sector ha avanzado, pongamos esas capacidades al servicio de una agenda común y trabajemos juntos para hacerla realidad.