El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este jueves, 18 de junio, sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte de la estrategia de apertura económica para el país sudamericano.
La licencia general 59 autoriza “el suministro de ciertos artículos y servicios relacionados con Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)”, explicó el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Esta nueva orden permite que los pagos transiten por el sistema financiero estadounidense, las compraventas, el transporte, las reparaciones y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la aerolínea.
La licencia 24A permite las transacciones “relacionadas con la recepción y transmisión de telecomunicaciones”, así como de correo y mercancías.
El programa de sanciones de Washington, que se amplió con los años a medida que se prolongaba el control del régimen chavista sobre el Estado, está siendo desmantelado por el gobierno de Donald Trump desde la operación militar que derrocó y se llevó del país al presidente Nicolás Maduro en enero.
La gran mayoría de licencias generales que ha emitido la OFAC están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera y del sector minero a multinacionales extranjeras.
Su nombre completo es Conviasa y fue creada en 2004 durante el gobierno de Hugo Chávez para sustituir a la desaparecida Viasa. Opera rutas nacionales e internacionales y es propiedad del Estado venezolano.
El principal conflicto con Estados Unidos ocurrió en 2020, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Conviasa y a gran parte de su flota.
Washington argumentó que la aerolínea era utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro para transportar funcionarios y apoyar actividades políticas del régimen, al que EE. UU. consideraba ilegítimo.
Como consecuencia, empresas y ciudadanos estadounidenses tuvieron prohibido realizar transacciones con Conviasa, lo que dificultó la obtención de repuestos, mantenimiento, seguros y otros servicios esenciales para la operación aérea internacional. Esto afectó la expansión y operación de algunas rutas.
Por su parte, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y sostuvo que las sanciones eran una medida política destinada a aislar al país y perjudicar a sus ciudadanos.
En esencia, el conflicto no surgió por problemas de seguridad aérea, sino por las tensiones políticas entre Estados Unidos y el gobierno venezolano.