Un juzgado de primera instancia de Perú condenó al congresista de Acción Popular Raul Doroteo a cuatro años de libertad condicional por los delitos de falsa declaración en un procedimiento administrativo y por falsedad genérica.
Según la sentencia, Doroteo consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones que era graduado en la carrera de Sistemas e Informática de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Sin embargo, la institución educativa señaló que el congresista no se había graduado, sino que simplemente estaba matriculado, ha informado la emisora RPP.
Además, la universidad sostuvo que Doroteo nunca se había inscrito a ninguna asignatura, aunque sí había sido estudiante en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL).
La sentencia contra el parlamentario también establece reglas de conducta y el pago de una reparación civil de mil soles que deberá ser pagado en dos meses, según La República. Con todo, el congresista firmó en 2013 una Declaración Jurada de Vida de Candidato falsa que año más tarde fue cuestionada por la propia institución universitaria, lo que llevó el caso ante los tribunales.
Doroteo, al conocer la condena, habló en algunos medios de comunicación de país. A pesar de asegurar que no es un partidario del presidente de Perú, Pedro Castillo, sí lo apoya no votando la moción de vacancia presidencial, la cual es promovida por la derecha del Congreso de ese país.
La crisis política que vive Perú no tiene precedentes por lo cual una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) arribará al país en los próximos días para analizar la situación.
Más políticos de Castillo en problemas con la justicia
La Fiscalía General de Perú incluyó al ministro de Comercio Exterior y Turismo del país, Roberto Sánchez, en la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo. De acuerdo a la disposición fiscal, se investigará a Sánchez por el delito de obstrucción a la justicia, en calidad de autor, según detalló el Ministerio Público en un comunicado y recogió la agencia Andina.
Esta decisión tiene lugar después de que la fiscal general del Estado, Patricia Benavides, presentase ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
En respuesta a la Fiscalía del país, el ministro peruano de Turismo ha sostenido que se enfrenta ante “un sistema de justicia probo e imparcial”, asegurando que se está politizando la justicia.
“¡No a la impunidad, no a politizar justicia ni judicializar la política!”, ha señalado Sánchez en su cuenta de Twitter. Además, cuestionó que un medio de comunicación haya recibido la notificación de su citación, resaltando que él, como interesado, no ha tenido hasta el momento “absoluto conocimiento” de la investigación.
Con información de Europa Press