Confirman la fecha para el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. ¿Podría ir preso?

Todo está listo para el inicio del juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien es señalado de un caso de corrupción que tuvo lugar en la anterior administración dirigida por el expresidente Lenín Moreno.

Se trata de un delito de peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en contratos firmados específicamente entre el 2018 y el 2020.

La oposición atribuye al mandatario, que asumió en 2021, no haber ordenado en su administración la culminación de un acuerdo entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, el cual dejó pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

Por esta razón, la Asamblea Nacional de Ecuador ha fijado para este martes 16 de mayo el juicio político contra el mandatario, luego de que fuera convocado el cuerpo legislativo, en el que la mayoría opositora quiere destituirlo por presunta corrupción.

Fue Virgilio Saquicela, el titular de la Asamblea Nacional, quien hizo el llamado tras la resolución del mismo organismo de dar paso al juicio con el apoyo de 88 diputados, convocando a la sesión para este martes 16 de mayo donde primero intervendrán los promotores antes de que lo haga el mismo presidente.

El Parlamento dio luz verde la semana pasada a este proceso. Lo hizo con 88 votos a favor, un umbral que, si se repitiese, permitiría a Lasso pedir en el poder y blindarse frente a futuros envites por este caso, ya que el umbral de la destitución está fijado en los 92 escaños.

La votación para decidir si se le destituye o no a Lasso podría tomar varios días. Si la oposición alcanza los 92 votos, Lasso sería automáticamente destituido y el vicepresidente, Alfredo Borrero, asumiría el cargo de jefe de Estado durante lo que resta de mandato, hasta el año 2025, por lo que no sería necesario convocar nuevas elecciones al tratarse de una renovación automática en la Presidencia contemplada en la Constitución.

Si no se alcanzan los 92 votos, el presidente Guillermo Lasso quedaría en el cargo y quedaría blindado frente a futuras acusaciones por los mismos motivos.

La Carta Magna también faculta al gobernante a disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de gestión, y llamar a elecciones generales anticipadas para completar el período constitucional de cuatro años. Esa opción, llamada ‘muerte cruzada’, tiene Lasso para decretar antes de ser removido del puesto.

El mecanismo, que nunca ha sido invocado, implica que salten por los aires todas las instituciones, ya que supone la convocatoria de elecciones parlamentarias pero también presidenciales. La oposición le ha advertido a Lasso de que recurrir a esta vía aumentaría aún más la tensión política y social, pero el mandatario no solo ha coqueteado con ella, sino que ha sugerido que, si hay comicios anticipados, será de nuevo candidato.

En este caso, el Consejo Nacional Electoral debería convocar en un plazo de siete días la doble cita electoral, que implicaría renovar de nuevo los dos poderes aunque solamente “para el resto de los respectivos períodos”.

En este periodo interino entre la disolución y la celebración de las elecciones, el presidente tiene potestad para emitir “decretos-leyes de urgencia económica”, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Guillermo Lasso acusa de la inestabilidad a la oposición -que incluye al poderoso movimiento indígena-, que hace menos de un año ya intentó removerlo del cargo. En junio de 2022, en medio de fuertes protestas de aborígenes por el costo de vida que dejaron varios muertos y cientos de heridos, el Congreso aplicó la Constitución para pretender destituirlo con votación directa por la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, pero reunió 80 de los 92 sufragios.

El correísmo es la principal corriente en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el partido oficialista Creando Oportunidades (CREO) cuenta apenas con una docena y hace 25 con sus aliados.

Después de la elección interna del Legislativo del domingo, su máximo órgano de administración con siete miembros sigue dominado por la oposición, entre ellos dos delegados del correísmo.

Cerca de un 39 por ciento de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5 por ciento que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5 por ciento que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.

*Con información de AFP y Europa Press.