En poco más de un año, la administración Trump ha convertido la política migratoria en el principal laboratorio de su agenda, desplegando decenas de medidas que van desde cambios en visas y asilo hasta restricciones en salud, educación y acceso a servicios.
Muchas de estas decisiones tienen efectos directos sobre miles de colombianos, tanto quienes buscan viajar por turismo o negocios como quienes ya residen en el país con distintos estatus migratorios. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha acelerado el ritmo de anuncios, endureciendo aún más las condiciones de entrada y permanencia.
El cambio más reciente en materia de visas llegó la semana pasada, cuando el secretario de Estado Marco Rubio ordenó a todas las representaciones consulares del mundo introducir dos nuevas preguntas obligatorias en las entrevistas para visas de no inmigrante: si el solicitante ha sufrido algún tipo de maltrato en su país de origen y si teme regresar.
En la práctica, responder afirmativamente implica la negación inmediata de la visa, pues las autoridades podrían interpretarlo como una intención de solicitar asilo. Pero si la persona pide asilo más adelante, el gobierno podría considerar que mintió en la entrevista inicial, lo que constituiría fraude migratorio.
A eso se suma una nueva carga económica para los solicitantes de asilo. A partir del 29 de mayo, deberán pagar 100 dólares por presentar su caso y otros 100 dólares por cada año que su solicitud permanezca sin resolverse. Quien no pague en un plazo de 30 días verá su caso cancelado automáticamente, con la pérdida inmediata de beneficios asociados como el permiso de trabajo.
Además, existen advertencias públicas sobre la pérdida del estatus ante arrestos o infracciones menores, el retiro de seguros de salud subsidiados e investigaciones contra universidades que otorgan becas a beneficiarios. Entre 3.000 y 3.500 colombianos están cobijados por el programa, la mayoría de ellos personas que crecieron en EE. UU. y que en muchos casos no tienen vínculos reales con Colombia.
En el horizonte hay una medida que podría ir aún más lejos. La administración evalúa una orden ejecutiva que obligaría a los bancos a verificar el estatus migratorio de sus clientes, lo que implicaría controles adicionales para abrir o mantener cuentas y acceder a créditos.
Hoy el sistema permite abrir cuentas con un pasaporte o el número ITIN, sin exigir prueba de estatus legal. Cambiar ese esquema dejaría a millones de personas fuera del sistema financiero formal y reforzaría, según sus críticos, la estrategia de “autodeportación”.
La desnaturalización, que históricamente ha sido una medida excepcional, entre 1990 y 2024 se ejecutaron apenas 425 casos, unos 12 al año, apunta a escalar de forma drástica. La meta reportada es alcanzar hasta 200 desnaturalizaciones mensuales, casi 2.400 al año, lo que representaría un salto exponencial respecto del promedio histórico.
Los casos se basarían en causales como fraude en el proceso de naturalización, ocultación de antecedentes penales o inconsistencias en la información suministrada. Expertos advierten que el cambio genera incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados.
En materia de salud, una reforma aprobada por el Congreso en 2025 redefine quién puede acceder a programas como Medicare, Medicaid y los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Más de 1,4 millones de inmigrantes legales podrían perder la cobertura, entre ellos miles de colombianos.
Finalmente, desde el 21 de enero, el Departamento de Estado mantiene suspendida la emisión de visas de inmigración para 75 países, incluida Colombia. Los procesos pueden avanzar y los solicitantes pueden asistir a entrevistas, pero las visas simplemente no se emiten y no hay fecha para levantar la pausa.
La medida se ha extendido además a todos los procesos de green card iniciados dentro del territorio para categorías como ajuste de estatus por asilo, matrimonio o familia cercana, que han sido frenados mientras el FBI realiza nuevas verificaciones con criterios biométricos actualizados.