En medio de la dura política migratoria del gobierno de Donald Trump, los jueces han tenido un papel de contrapoder muy importante. Y una de esas decisiones a contra corriente de la Casa Blanca tiene protagonista a una colombiana.
La historia la cuenta el diario The New York Times en su edición de este jueves. “El juez ordenó a la administración que devolviera a la mujer, Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, a Estados Unidos, un caso excepcional en el que un juez toma esta medida en medio de la campaña de deportación de la administración”, señala el diario.
Lo que sucede con decenas de personas como la señora Quiroz es dramático. Muchas de ellas llegaron a los Estados Unidos porque no tienen cómo deportarlas a su país de origen, pues justamente salieron de allí por amenazas contra su vida. En esos escenarios los jueces no autorizan el regreso de las personas a lugares donde podrían no sobrevivir.
The New York Times cuenta que allí el gobierno ha decidido hacer acuerdos con otros países para hacer esas deportaciones. En el caso de la colombiana, el Congo había dicho claramente que no la recibía pues ella no tenía óptimas condiciones de salud.
"Según su abogada, Lauren O’Neal, la Sra. Zapata padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo. Debido a estas afecciones, el Ministerio del Interior congoleño comunicó al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mediante una carta que no podía aceptarla porque no podía proporcionarle la atención médica adecuada, según consta en la carta obtenida por The Times“, asegura el diario.
"El gobierno la envió a la RDC de todos modos”, escribió el juez Richard J. Leon, y agregó: “Por lo tanto, enviar a la demandante a la RDC probablemente fue ilegal”, agrega el New York Times.
SEMANA contó recientemente la historia de otros colombianos que fueron deportados al Congo. Jorge Cubillos, uno de ellos, narró cómo tras vivir años de trabajo en ese país y tener todo al día, se enteró por sorpresa que tenía una orden de deportación.
“Estaba presentándome a una corte federal cuando me notificaron que tenía una orden de deportación activa. Me sorprendió porque tenía un withholding of removal, una protección legal. Les expliqué eso, pero me dijeron que ya no aplicaba y que la deportación estaba activa desde el 8 de enero”, narró a SEMANA. Sin embargo, en ese momento la pesadilla apenas iniciaba para el colombiano, que veía cómo su sueño se esfumaba.
Tras hacer efectiva su captura por cuenta del famoso ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés), fue enviado a uno de los centros de detención, donde la situación solo empeoró. “Estuve primero 20 días en Orlando, luego dos meses y medio en Jacksonville, después en Luisiana y finalmente en Alexandria, desde donde salen los vuelos de deportación. Fueron meses muy difíciles. Al inicio había mucha desesperación. Nos trasladaban constantemente, muchas veces encadenados, sin claridad sobre lo que estaba pasando”, narró.
“Estamos en un hotel, en unas instalaciones vigiladas. Nos sentimos como detenidos, pero con celular. No podemos salir; en siete días solo nos han sacado una vez. Afuera hay mucha inseguridad y pobreza. Es un país que no conocemos: no manejamos el idioma ni la comida, no sabemos cómo movernos. Tampoco tenemos recursos para estar por nuestra cuenta, así que dependemos de lo que nos brindan. Nuestra rutina es esperar a que el proceso avance y que se nos dé una solución. Cada uno tiene un caso distinto, pero todos necesitamos que esto se resuelva de la mejor manera”, agregó.