La Fiscalía de Venezuela imputó cargos a 12 agentes militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por el fallecimiento de un estudiante que fue impactado por una bomba de gas lacrimógeno durante la dispersión de una protesta contra el gobierno en 2017.
Al respecto, el fiscal general, Tarek Saab, se pronunció este sábado y dijo que envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un tercer documento sobre las acciones de su despacho, ante las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad.
Adicionalmente, entregó más detalles acerca del caso de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, quien murió durante los tres meses de manifestaciones contra el gobierno del actual presidente de ese país, Nicolás Maduro, los cuales dejaron un centenar de fallecidos aquel año.
De acuerdo con la agencia AFP, el chavismo aseguró que la muerte del universitario había sido ocasionada por sus compañeros manifestantes.
“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó Saab.
No obstante, el funcionario no entregó mayores detalles sobre si fue identificado el funcionario que lanzó la bomba que ocasionó la muerte del joven el 26 de abril de 2017.
La corte internacional, con sede en La Haya, comenzó en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de esta ola de protestas.
De igual manera, la exfiscal internacional Fatou Bensouda, a quien le fue entregada el año pasado una delegación de Venezuela encabezada por Saab, ha dicho que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
Saab aseguró que las autoridades venezolanas mantienen una “colaboración irrestricta” en la investigación y señaló que este balance es el tercer informe que envían con información requerida por la Fiscalía internacional.
“En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”, señaló el responsable.
Adicionalmente, “han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas”, añadió.
El fiscal venezolano criticó, no obstante, el “silencio” de la Fiscalía de la CPI ante estos informes, que responden a los requerimientos de esta instancia: “un mutis que no desarrolla la interlocución debida”.
Saab anunció, además, el inicio de un “proceso de reestructuración” de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que están adscritas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sobre las que pesan múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.
“La CPI no pidió nada relacionado a la PNB, es una iniciativa del Estado venezolano”, le dijo Saab a la AFP sobre el proceso que tendrá una duración de seis meses.