Gobierno argentino tomó drástica decisión con protestantes en contra de las medidas económicas de Javier Milei

En la noche del miércoles 20 de diciembre, el Gobierno encabezado por Javier Milei en Argentina llevó a cabo una significativa desregulación económica, cumpliendo así con las promesas hechas durante la campaña electoral.

La izquierda kirchnerista, siendo consciente de la inminente implementación de un conjunto de reformas económicas que transformarían el país, organizó diversas marchas. Sin embargo, tanto la ejecución como los resultados de estas manifestaciones dejaron mucho que desear.

En la jornada de protestas, una multitud de individuos expresaron su descontento hacia el gobierno, que apenas llevaba 10 días en la administración del país. No obstante, las protestas resultaron infructuosas, ya que la participación fue escasa.

Además, la mayoría de los manifestantes optaron por marchar por las aceras, en respuesta a la reciente orden gubernamental que aconsejaba a la ciudadanía evitar bloquear las calles. Esta medida llevaba consigo la amenaza de retirar los planes sociales y otros subsidios a quienes desobedecieran dicha instrucción.

Pero el Gobierno argentino no quedó contento solo con esta medida, ya que, los manifestantes que participaron de la primera marcha en Buenos Aires deberán pagar los gastos en que incurrieron las fuerzas de seguridad para resguardar su protesta, aseveró este viernes 22 de diciembre el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El monto del operativo en el que participaron cuatro fuerzas de seguridad -Policía Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería- fue estimado en 60 millones de pesos, unos 72.700 dólares al tipo de cambio oficial.

Esa “será la factura que se le pase a los movimientos sociales”, a los que intimará “para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, declaró Adorni.

Miles de personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires en la primera protesta en la que se aplicó el “Protocolo de orden público”, también llamado “antipiquete”, que tiene como objetivo impedir los cortes de calles.

“Las calles no se toman... si se toman las calles va a haber consecuencias”, había dicho en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.

La ministra ya había advertido que “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables” así como que se les quitará el “plan social” (asistencia social) a aquellos que corten la calle.

Las manifestaciones de las organizaciones sociales y otros grupos políticos son muy frecuentes en el centro de Buenos Aires, incluso con campamentos en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la Presidencia, y en la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de la capital.

*Con información de AFP.