Un juez federal en New Hampshire otorgó este jueves el estatus de demanda colectiva a una acción legal presentada contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La decisión judicial incluye, además, un bloqueo temporal a la medida, lo que impide que entre en vigencia a nivel nacional mientras avanza el proceso.
La demanda fue interpuesta en representación de una inmigrante embarazada, varios padres inmigrantes y sus hijos recién nacidos. El recurso solicitó cobertura colectiva para todos los bebés y sus familias, que podrían verse afectados por la política en cualquier parte del país. La orden ejecutiva en disputa plantea negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.
Durante la audiencia, el abogado Cody Wofsy, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentó que negar la ciudadanía a estos menores causaría un daño irreparable a sus familias. El juez Joseph Laplante aceptó esa postura y consideró los argumentos suficientemente sólidos como para otorgar el estatus colectivo.
Laplante ordenó que se certifique el estatus de demanda colectiva en el caso, pero solo para los bebés que se verían afectados por las restricciones, no para los padres.
El juez también impartió una orden preliminar que bloquea temporalmente la entrada en vigor de la del presidente Donald Trump, pero suspendió su orden durante siete días, lo que le dio tiempo al Gobierno para apelar.
“Esto protegerá a todos los niños del país de esta orden ejecutiva ilegal, inconstitucional y cruel”, indicó Wofsy en una conferencia de prensa después de la audiencia.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la reparación que solicitaban los demandantes era demasiado amplia y cuestionaron si se habían cumplido los requisitos para la condición de demanda colectiva. El departamento también argumentó que la solicitud de medida cautelar y la condición de demanda colectiva eran prematuras y solicitó plazo para apelar.
Laplante dijo en la audiencia judicial del jueves que privar a una persona del derecho de larga data de la ciudadanía por nacimiento era un “daño irreparable” y que la ciudadanía por nacimiento era “el mayor privilegio que existe en el mundo”.
La Corte Suprema no decidió sobre los méritos de la orden de ciudadanía por nacimiento de la administración Trump, pero dijo que podría comenzar a entrar en vigor el 27 de julio, salvo que los tribunales tomen más medidas.
Según el plan de Trump, la ciudadanía por nacimiento se limitaría a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano estadounidense o residente permanente. La orden también niega la ciudadanía a los niños cuyas madres se encuentren temporalmente en Estados Unidos, incluyendo a quienes visiten el país bajo el Programa de Exención de Visas o como turistas, o a los estudiantes cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.