El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro presentará este miércoles ante el juez federal de Manhattan Alvin Hellerstein las mociones con las que buscará que su caso penal por narcotráfico sea desestimado antes de llegar a juicio, según reveló Reuters citando a seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal.
La estrategia de la defensa gira en torno a dos argumentos centrales: la inmunidad soberana como jefe de Estado y la ilegalidad de su captura. Los especialistas consultados por el medio coinciden en que los precedentes legales no favorecen a Maduro en ninguno de los dos frentes.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentará que su cliente goza de inmunidad procesal como jefe de Estado soberano, un principio considerado fundamental para la diplomacia internacional. Se presupone que la fiscalía responderá que Washington no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019, cuando asumió tras unas elecciones que Estados Unidos calificó de fraudulentas, y que tampoco reconoció su reelección de 2024.
Los expertos señalan que los tribunales estadounidenses suelen respetar la posición del poder ejecutivo sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero. Además, la historia no ayuda a Maduro.
El precedente más cercano es el del exdictador panameño Manuel Noriega, capturado por el ejército estadounidense y trasladado a Miami por cargos de narcotráfico. En 1990, un juez federal rechazó su argumento de inmunidad porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente. Al confirmar la condena, un tribunal de apelaciones señaló además que Panamá nunca solicitó formalmente inmunidad para él.
Esto es diferente en el caso del caído líder venezolano. A principios de año, el Gobierno de Delcy Rodríguez describió a Maduro como presidente legítimo y exigió su regreso. Desde entonces, sin embargo, los funcionarios han guardado silencio sobre el tema y han intensificado su cooperación con la administración Trump.
El segundo argumento de la defensa apunta a que la captura de Maduro contravino el tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela, que obliga a ambos países a solicitar formalmente la entrega de fugitivos. No obstante, los tribunales estadounidenses han sostenido de manera consistente durante más de un siglo que la forma en que se captura a un acusado no puede impedir su enjuiciamiento.
La doctrina, conocida en latín como male captus, bene detentus (capturado injustamente, detenido debidamente), se remonta a 1886, cuando la Corte Suprema rechazó el argumento de un empleado de banco de Chicago que había robado a su empleador, huyó a Perú y fue capturado por un detective privado, alegando que su detención no se regía por el tratado de extradición vigente.
La Corte Suprema ratificó esa doctrina en 1992, denegando la solicitud de un médico mexicano de que se desestimaran cargos relacionados con cárteles de la droga luego de que fuera secuestrado y trasladado a Estados Unidos por ciudadanos mexicanos reclutados por la DEA.
El Departamento de Justicia citó ese precedente en un memorando del 23 de diciembre de 2025 dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de Trump para argumentar que la naturaleza coercitiva de la operación que capturó a Maduro no pondría en peligro su enjuiciamiento.
Si el juez Hellerstein rechaza las mociones de la defensa, como sugieren los precedentes que ocurrirá, el proceso continuará hacia el juicio fijado para junio de 2027. Si las acepta, el caso podría terminar antes de llegar al jurado. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero y posesión de armas, y se declaró inocente de todos ellos.