Pedro Castillo: así sería suspendido de la presidencia el mandatario peruano tras denuncia de la Fiscalía

La fiscal de la nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.

“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó Benavides en redes sociales.

El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

El futuro del mandatario se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.

Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. No hay antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio. Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó en dos ocasiones destituirlo.

La vicepresidente de Perú también peligra en su cargo

La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, negó irregularidades en su gestión y afirmó ante una comisión investigadora del Congreso que existe un supuesto plan parlamentario para sacarlos del poder a ella y a Castillo.

“Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del señor presidente”, aseguró Boluarte sobre el supuesto plan en marcha.

La audiencia tuvo lugar ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe decidir esta semana si procede o no la acusación de presuntas irregularidades administrativas que busca inhabilitar por diez años a Boluarte, una abogada de 60 años, para ejercer cargos públicos. “No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto, solo expreso ante el país que este plan está en marcha”, agregó la vicepresidenta, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La tendencia entre los parlamentarios es dar luz verde a la acusación, según ha denunciado la propia vicepresidente.

La vicepresidente fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe. La Contraloría asegura que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno.

Boluarte es oriunda de Apurímac, región al sureste de Perú. Este club lo integran los apurimeños que residen en Lima. Ella admite que firmó los documentos, pero alega una serie de razones burocráticas para ello. La crisis política que afronta Perú parece no tener un fin cercano, debido a que legislativo y ejecutivo se encuentra en lados totalmente opuestos.

*Con información de AFP.