Un año después del fallo de Corte Suprema sobre aborto, Estados Unidos permanece dividido frente al polémico tema

El 24 de junio de 2022, el máximo tribunal judicial de Estados Unidos, remodelada por el expresidente republicano Donald Trump, anuló el fallo Roe v. Wade, que garantizaba desde 1973 el derecho de las estadounidenses a interrumpir el embarazo, y dejó que cada estado pueda legislar al respecto.

Ese mismo día, algunos estados prohibieron cualquier procedimiento para abortar en su territorio, obligando a las clínicas a cerrar o mudarse.

Desde entonces, el país está dividido entre una veintena de estados que han decretado prohibiciones o fuertes restricciones, sobre todo en el sur y el centro, y otros, en la costa, que han reforzado las garantías.

El impacto general en cifras sigue siendo limitado.

De acuerdo con un estudio de la organización Sociedad de Planificación Familiar, se efectuó un promedio de 79.031 abortos por mes en todo el país desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, en comparación con 81.730 en abril/mayo de 2022, un descenso del 3,3%.

“Muchas personas siguen obteniendo los abortos que necesitan” pero “tienen que hacer frente a grandes obstáculos”, resumió a la AFP Ushma Upadhyay, profesora de salud pública y ginecología de la Universidad de California en San Francisco, y coautora del estudio.

El cierre de clínicas en una docena de estados ha obligado a decenas de miles de mujeres a viajar. Pero no siempre es fácil. Más allá del coste económico, algunas tienen que conseguir un día libre o dar explicaciones a familiares. A veces se ven obligadas a aplazar el procedimiento, lo cual puede tener un impacto psicológico.

Por no hablar del riesgo para la salud.

En una demanda, Anna Zargarian, una habitante de Texas, afirma que rompió aguas demasiado pronto para que el feto sobreviviera, pero tuvo que viajar a Colorado para expulsarlo.

El vuelo fue “aterrador”. “Era como jugar a la ruleta rusa, sabiendo que estaba en riesgo de infección, hemorragia o parto en cualquier momento”.

En el primer trimestre, las estadounidenses pueden tomar la píldora abortiva. Pero es ilegal en algunos estados y aquellas que la compran por internet o a través de redes de ayuda “corren el riesgo de ser procesadas”, señala Ushma Upadhyay.

Las mujeres obligadas a llevar a término el embarazo son “las más pobres entre las pobres” y en un país de profundas desigualdades raciales suelen ser negras o hispanas, agrega la experta.

En su opinión, el futuro es incierto. Durante un año, muchos donantes se han movilizado para apoyar económicamente a las mujeres que necesitan realizarse un aborto, “pero en un año o dos, estos esfuerzos privados se agotarán”, predice. “No es sostenible”.

Y el panorama legal sigue siendo inestable. Cada ley restrictiva acaba en los tribunales. Se desconoce el resultado de la mayoría de las apelaciones, incluso en estados del sur como Georgia o Carolina del Sur.

Pero la principal incógnita es la píldora abortiva.

En abril, un juez federal retiró la autorización de comercializar la mifepristona (RU 486), que han utilizado cinco millones de personas desde que la agencia del medicamento estadounidense (FDA) la aprobó en 2000.

La Corte Suprema puso la sentencia entre paréntesis, pero un tribunal de apelación podría validarla.

La batalla también continúa en el terreno político. Los demócratas, encabezados por el presidente Joe Biden, un católico practicante, han convertido la defensa del derecho al aborto en una de sus prioridades. Esta estrategia parece haber contribuido a salvarlos de una derrota anunciada en las elecciones de medio mandato del año pasado.

El fracaso de los referéndums contra el aborto en los estados muy conservadores de Kansas y Kentucky también moderó el ardor de los republicanos.

Para satisfacer a la derecha religiosa, parte esencial de su electorado, presionan a nivel local en favor de legislaciones restrictivas. Pero se muestran más flexibles a nivel federal para no espantar a los votantes moderados a pesar de la presión de las principales organizaciones antiabortistas.

Entre estas destaca el grupo SBA Pro-Life, que ya ha advertido que solo apoyará a los candidatos a las elecciones presidenciales de 2024 que se comprometan a impulsar una ley que limite el aborto en todo el país.

El actual candidato a la nominación republicana para la carrera por la Casa Blanca, Donald Trump, que presume de haber “enterrado Roe v. Wade” haciendo entrar tres jueces conservadores en la Corte Suprema, aún no lo ha hecho.

Con información de AFP.