Venezuela suspendió 19 contratos de producción compartida de petróleo y gas con empresas privadas que fueron firmados durante la administración del expresidente Nicolás Maduro, en una medida que forma parte de una revisión más amplia de acuerdos heredados de ese periodo, informaron fuentes con conocimiento del asunto a Reuters.
El Ministerio de Petróleo tomó la decisión de suspender temporalmente esos contratos mientras se lleva a cabo un análisis tanto del Gobierno venezolano como de Estados Unidos sobre la validez y las credenciales de las empresas involucradas, señalaron las fuentes.
Algunas de las compañías que suscribieron esos acuerdos son poco conocidas y lo hicieron cuando Venezuela estaba bajo un régimen de sanciones estadounidenses, por lo que ahora entrarán en un periodo de revisión de las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Hasta ahora, la suspensión de los contratos, que abarcan áreas como el Lago de Maracaibo, la Faja del Orinoco y varios campos petroleros maduros, no ha afectado la producción total de petróleo y gas del país, dijeron las fuentes a Reuters. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúa comercializando el crudo que se produce bajo esos acuerdos a pesar de que se encuentran en revisión.
Ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters sobre la suspensión y la revisión de los contratos.
La revisión conjunta entre Caracas y Washington podría derivar en la recomendación de revocar algunos de los contratos si se detectan irregularidades o falta de capacidad técnica o financiera por parte de las empresas firmantes, explicaron las fuentes. El proceso también incluye una evaluación de los antecedentes de las compañías para determinar si cumplen los requisitos legales y operativos en el nuevo contexto petrolero venezolano.
Desde la captura en enero del dictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el control estadounidense sobre las exportaciones de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias que permiten a algunas empresas comerciar con petróleo venezolano y operar en el sector energético del país bajo ciertas condiciones.
Ese control sobre el comercio de petróleo se produce en paralelo a cambios legales en Venezuela: a finales de enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que busca atraer inversión extranjera a una industria petrolera deteriorada. Según la nueva legislación, el Gobierno tiene un plazo de seis meses para revisar los contratos existentes, incluido el conjunto de acuerdos recientemente suspendidos.
Aunque la suspensión afecta contratos de producción compartida, no se han reportado interrupciones en la producción ni en las operaciones diarias de los campos implicados. La medida parece orientada más a depurar el portafolio de acuerdos heredados que a limitar la actividad petrolera inmediata.