California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

El fiscal de California, Rob Bonta, ha liderado esta demanda contra el gobierno republicano. California es el estado donde más se generan visas H-1B, lo que permitió que 21.600 nuevos ciudadanos no estadounidenses trabajaran legalmente durante el último año fiscal, que finalizó en octubre.

En el sur del Área de la Bahía de San Francisco se encuentra Silicon Valley, hogar de algunas de las empresas de tecnología más importantes del mundo, como Meta, Netflix, Google, Adobe, Sony, entre muchas otras.

Algunas de las empresas que más utilizan visas H-1B son Amazon, Microsoft, Meta y Apple.

A esta demanda se suman estados como Nueva York, Washington, Wisconsin, Massachusetts, Arizona, Colorado, Hawái, Illinois, Maryland, Connecticut, Delaware, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Nueva Jersey y Vermont, que unieron fuerzas ante el tribunal federal de Massachusetts.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, afirmó en un comunicado de prensa: “El intento ilegal de la administración Trump de arruinar este programa perturbaría la educación de nuestros niños y dañaría nuestra economía”. Este programa de visados emite al menos 65.000 permisos anuales.

Desde el 21 de septiembre de 2025, la administración de Donald Trump decidió exigir un pago de 100.000 dólares para algunos solicitantes de este tipo de visas, cuando anteriormente el valor oscilaba entre 2.000 y 5.000 dólares. Según Trump, esta medida busca promover la contratación de trabajadores nacidos en Estados Unidos, dado que las visas H-1B suelen ser solicitadas para profesionales del sector informático, cuyos salarios promedio superan los 150.000 dólares.

Sin embargo, esta es la tercera sanción a la que se enfrenta el gobierno de Trump debido a esta decisión. Dos semanas después de implementarla, trabajadores, sindicatos, empleadores y grupos religiosos se unieron para presentar, el viernes 3 de octubre, una demanda ante el tribunal federal de San Francisco.

En esa ocasión, desde la Casa Blanca defendieron la medida, señalando que algunas empresas realmente necesitan estas visas, mientras que otras buscan reducir costos. Abigail Jackson, portavoz del gobierno de Trump, explicó: “La medida busca disuadir a las empresas de saturar el sistema y reducir los salarios estadounidenses, al tiempo que proporciona certeza a los empleadores que necesitan traer el mejor talento del extranjero”.

Argumentos contra la medida

La Cámara de Comercio impugnó el valor de 100.000 dólares, ya que la haría “prohibitiva en cuanto a costos” para los empleadores estadounidenses.

La oficina del demócrata Rob Bonta sostiene que esta medida tomada por la administración republicana es anticonstitucional, dado que la Constitución de Estados Unidos prohíbe al presidente imponer este tipo de tarifas de manera arbitraria para generar ingresos, función que corresponde al Congreso.

Por su parte, algunos republicanos argumentan que este tipo de programas restan empleos que deberían ser ocupados por ciudadanos estadounidenses.