El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una campaña pública dirigida a ciudadanos estadounidenses para incorporarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la promesa de un bono de hasta $ 50.000 dólares, como parte de una estrategia agresiva de ampliación de la fuerza laboral enfocada en deportaciones masivas.
Según el anuncio oficial, esta iniciativa busca atraer oficiales de deportación, fiscales e investigadores para cumplir con un objetivo ambicioso: alcanzar un millón de deportaciones anuales.
El impulso proviene de una reciente inyección de fondos aprobados por el Congreso en un paquete de gastos de aproximadamente 170.000 millones de dólares destinados a seguridad fronteriza e inmigración durante los próximos cinco años.
De este monto, cerca de 76.500 millones de dólares serán asignados a ICE, con unos 45.000 millones de dólares reservados para ampliar la capacidad de detención y alrededor de 30.000 millones para contratar a 10.000 nuevos agentes.
La campaña de reclutamiento utiliza gráficos patrióticos al estilo de la Segunda Guerra Mundial, con lemas como “AMERICA NEEDS YOU” y “DEFEND THE HOMELAND”, e imágenes del presidente Donald Trump y altos funcionarios de seguridad nacional.
En los anuncios se alienta a responder “al llamado del país” y se destacan beneficios adicionales como horas extras, planes de perdón de préstamos estudiantiles y opciones de reembolso educativo.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha promovido un programa piloto de autodeportación voluntaria que ofrece a migrantes indocumentados un monto de 1.000 dólares y pago de viaje a su país de origen a través de la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One.
Aquellos que se registran en la plataforma serán priorizados para no ser detenidos mientras preparan su salida, y podrían conservar la oportunidad de regresar legalmente en el futuro.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este enfoque es “la manera más segura, digna y eficiente en costo” para quienes se encuentran en situación migratoria irregular, con un ahorro estimado de hasta un 70 % frente al costo promedio de una deportación formal, que ronda los 17.121 dólares por persona.
Diversos expertos y voces críticas advierten riesgos y contradicciones en ambas iniciativas. Exfuncionarios de ICE alertan que la rápida contratación podría implicar reducción de estándares en selección y capacitación, con precedentes en expansiones anteriores que derivaron en abusos y baja retención.
Organizaciones de derechos de los migrantes señalan que el programa de autodeportación puede perjudicar a personas con casos abiertos ante cortes de inmigración, ya que abandonar el país voluntariamente podría ser considerado abandono de su solicitud de asilo u otras formas de alivio legal.