El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes, 27 de julio, una nueva normativa que permitirá a los funcionarios encargados de revisar las solicitudes de asilo remitir los casos a los jueces de inmigración, sin necesidad de entrevistar previamente a los solicitantes.
La nueva norma, que entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación, prevista para este martes, elimina de la normativa vigente las referencias al “derecho” del solicitante de asilo a una entrevista con un funcionario de inmigración, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
De este modo, los casos pasarán directamente a un juez de inmigración, cuyos integrantes son empleados del Departamento de Justicia y no hacen parte de un sistema judicial independiente, lo que facilitaría el inicio de un proceso de expulsión.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentaron este cambio como un esfuerzo para reducir el retraso en la tramitación de las solicitudes de asilo afirmativas y fortalecer la seguridad nacional.
Su director, Joseph Edlow, aseguró que la normativa modificada contribuirá a proteger la integridad del proceso de asilo, que, según él, durante mucho tiempo “ha sido objeto de abuso con el fin de provocar retrasos y obtener permisos de trabajo, y no para atender solicitudes legítimas de protección”.
“El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de quienes pretenden utilizar el sistema como una laguna jurídica”, señaló en un comunicado.
Estos cambios en el USCIS, que estableció un plazo de 60 días para recibir comentarios sobre la nueva norma, tras el cual publicará una versión definitiva, llegan en un momento en el que el Departamento de Justicia ha reestructurado los tribunales de inmigración con personal capacitado para denegar el asilo en la mayoría de los casos y emitir rápidamente órdenes de expulsión.
Así lo señala la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, que atribuye esta situación a la contratación, por parte del Departamento de Justicia, de cientos de abogados militares y exabogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para prestar servicio en los tribunales, así como a la destitución de más de un centenar de jueces nombrados durante la administración del demócrata Joe Biden.
Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional incluidas en el texto de la norma, cerca de 444.000 de los aproximadamente 1,4 millones de casos de asilo pendientes de resolución podrían verse afectados por esta medida.