Miles de refugiados que entraron legalmente a Estados Unidos, pero que no tienen estatus de residentes, corren el riesgo de ser detenidos, pues requieren un nuevo examen de su situación, según nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Este cambio de norma afecta a los refugiados, que antes tenían un estatus concedido tras comprobaciones exhaustivas. Para lograr esta condición, no podían haber iniciado los trámites para obtener la residencia permanente, conocida como “green card”, al cabo de un año de estar en territorio estadounidense.
A partir de ahora, pueden ser arrestados y detenidos durante todo el tiempo que sea necesario para revisar su situación, un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
La organización expresó su preocupación en particular porque “no se haya fijado ningún límite de tiempo” para su eventual detención. Mientras tanto, el DHS justificó este cambio de postura por imperativos de “seguridad nacional” y “seguridad pública”.
La mano dura de Trump contra los migrantes
El presidente Donald Trump ha reducido prácticamente a cero la acogida de refugiados desde su regreso a la Casa Blanca, con la notable excepción de los afrikáner sudafricanos, descendientes de los primeros colonos europeos, después de que han asegurado que son “perseguidos”.
Su administración ha fijado en 7.500 el límite máximo de refugiados admitidos para el año fiscal 2026, frente a los más de 100.000 al año bajo la presidencia demócrata de Joe Biden.
La nota del DHS aparece en un caso presentado ante un juez federal, que había prohibido provisionalmente al gobierno, a finales de enero, detener a refugiados carentes de estatuto de residente permanente.
El juez explicó que el gobierno podía aplicar la legislación migratoria y reexaminar su estatus, pero “sin arrestar ni detener a los refugiados”, ya que sus antecedentes habían “sido sometidos a rigurosas verificaciones”.
Este caso afecta a unos 5.600 refugiados residentes en Minesota, cuya principal área metropolitana, Mineápolis, fue hasta hace poco el epicentro de operaciones de la policía de inmigración.
Se generan reacciones en otros estados
Los residentes de un suburbio conservador en Nueva Jersey estallaron en protesta contra los planos de convertir un enorme almacén en un centro de detención de inmigrantes, una medida que es parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno estadounidense de Donald Trump.
Desde Texas hasta Pensilvania, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha comprado o alquilado al menos ocho instalaciones de este tipo para convertirlas en centros de detención. Sin embargo, la agencia federal encargada de la ofensiva migratoria se ha retirado de algunos lugares por el rechazo de la población.
*Con información de AFP.