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Abren convocatoria para que víctimas de desplazamiento accedan a 2.500 unidades de negocio

La Unidad para las Víctimas abrió convocatoria para entregar equipos para panaderías, peluquerías, entre otros negocios para contribuir a la estabilización económica de los hogares reubicados.


La Unidad para las Víctimas abrió una nueva convocatoria para entregar 2.500 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar (EEAF), con el fin de mejorar las condiciones socio-económicas de cientos de hogares a través de las estrategias de retornos y reubicaciones. La convocatoria abrió el pasado lunes 24 de enero y cerrará el próximo 11 de febrero.

De acuerdo con Jonathan Forero, coordinador del grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas, “la inversión de los esquemas suma más de $14.000 millones y beneficiará a hogares víctimas de desplazamiento forzado que residan en 49 municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en 17 departamentos del país”.

¿Qué requisitos se deben cumplir para participar en la convocatoria?

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la nueva entrega de EEAF están:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Vivir en los municipios focalizados para la estrategia.
  • Estar incluidos en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
  • No haber sido beneficiado, ni estar en proceso de serlo, de programas como Mi Negocio, Familias en su Tierra u otros proyectos similares dispuestos por las entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y de otras entidades públicas y/o privadas y contar con las capacidades (conocimientos o experiencia) para emprender un negocio o tener un negocio propio en funcionamiento.

En ese sentido, Forero resaltó que los residentes de los siguientes municipios pueden ser beneficiarios del programa: Cáceres, Dabeiba, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia); San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Morales, San Pablo y Zambrano (Bolívar); Caquetá, Belén de los Andaquíes, Milán y Morelia (Caquetá); Buenos Aires, Piendamó y Timbiquí (Cauca); Manaure, Robles, La Paz y Pueblo Bello (Cesar); Litoral de San Juan y Medio Atrato (Chocó); Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba); Fonseca (La Guajira); Aracataca y fundación (Magdalena); Puerto Concordia y Vista Hermosa (Meta); San José del Guaviare (Guaviare); Policarpa, Los Andes, Olaya Herrera y Santa Bárbara (Nariño); El Carmen, Hacarí y Convención (Norte de Santander); Puerto Guzmán, Valle del Guamuez y Villa Garzón (Putumayo); Colosó, Morroa, Tolú Viejo y Chalán (Sucre); Ataco, Río Blanco, Chaparral y Planadas (Tolima); Buenaventura y Pradera (Valle).

Por otro lado, el funcionario también aclaró que el programa solo es para víctimas que se encuentren en zonas urbanas. Además, precisó que el traslado del lugar de residencia será motivo de retiro del esquema de acompañamiento.

En ese sentido, señaló que los interesados deben residir en algunos de los 49 municipios donde se harán las entregas y llenar el Formulario Único de Inscripción en el link https://app.asistencias.cispalc.org/perfilamiento/32/formulario, además de adjuntar los soportes requeridos.

Cabe señalar que la entidad subrayó que para inscribirse y participar no se necesita pagar ningún costo.

500 familias desplazadas en Buenaventura

La delicada situación de orden público en Buenaventura, Valle del Cauca, obligó a que alrededor de 500 familias del Bajo Calima, aproximadamente 2.000 personas, abandonaran su viviendas. Entre los desplazados se encuentran niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes se han movilizado hacia la ciudad de Cali.

Aseguran que se trata de cerca del 90 % de los habitantes del Bajo Calima, quienes debieron salir de sus viviendas debido al conflicto en esa zona y la presencia de grupos armados, como el denominado Clan del Golfo.

“De hecho, la comunidad que pudo salir fue porque entró el Ejército, porque a la comunidad la tenían confinada, o sea, no se mueven de aquí. Debió haber algún movimiento de tropa y en ese momento aprovechó la comunidad para arrancar del lugar. Ninguna entidad del Estado, Personería, Defensoría puede entrar a la zona, porque la orden es asesinar a defensores de derechos humanos, no se puede entrar al territorio”, dijo a Blu Radio José Luis Rojas, consejero departamental de paz.