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"Aceptada la renuncia, Uribe pierde el fuero que tenía como senador. En esas condiciones, en estricto sentido, su caso debería pasar a la Fiscalía", le dijo a SEMANA el exfiscal, Alfonso Gómez Méndez | Foto: Carlos Julio Martínez

JUSTICIA

Defensa de Uribe pedirá este miércoles que su caso pase a la Fiscalía

El penalista Jaime Granados ha dejado saber que radicará esa petición, tras la renuncia al Senado, pues a su juicio la Corte Suprema ya no tendría competencia en el caso del expresidente.

19 de agosto de 2020

La renuncia de Álvaro Uribe al Senado tendrá este miércoles su primer efecto judicial. La defensa del expresidente aseguró que presentará la petición de que el caso del expresidente pase inmediatamente a la justicia ordinaria. Esto porque al salirse del Congreso, Uribe perdería su fuero y por lo tanto su expediente no debería ser revisado por la Corte Suprema de Justicia.

El caso abre un debate complejo en el alto tribunal. "El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se  me anunció versión libre que nunca me permitieron”, señaló Uribe en su carta de dimisión en la cual deja claro que la razón por la cual se retira del Senado es la falta de garantías que siente en la Corte Suprema de Justicia.

Con la renuncia de Uribe al Senado ¿la Corte se queda sin competencia?

  Con la renuncia de Uribe al Senado ¿la Corte se queda sin competencia? Foto: Fotomontaje SEMANA

No es la primera vez que un congresista renuncia y como consecuencia se abre la discusión de quién asume la competencia: la Corte Suprema o la Fiscalía. A raíz de las investigaciones por parapolítica, decenas de parlamentarios renunciaron a su curul para no ser juzgados por la Corte. Algunos de ellos fueron: Álvaro Araújo Castro, Antonio Valencia Duque, Luis Guillermo Vélez, Jairo Enrique Merlano, Zulema Jattin Corrales, Carlos García Orjuela, Luis Alberto Gil, Álvaro Alfonso García y el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar. La mayoría de estos congresistas también alegaron la falta de garantías, especialmente por ser juzgados en una única instancia y en un proceso en el cual el organismo que los acusaba era su mismo juez.

Sin embargo, el caso de Uribe será inédito porque por primera vez se trata de un aforado con derecho a la doble instancia, que decide renunciar a su fuero de congresista. La discusión que se avecina es sensible porque la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema indica que la competencia se mantiene únicamente cuando los presuntos hechos que se le imputan tuvieron relación directa con sus funciones. 

Las opiniones en la justicia están divididas. "Aceptada la renuncia, Uribe pierde el fuero que tenía como senador. En esas condiciones, en estricto sentido, su caso debería pasar a la Fiscalía", le dijo a SEMANA el exfiscal, Alfonso Gómez Méndez (Lea la entrevista). El penalista asegura que "lo que dice la jurisprudencia vigente es que si el hecho no está directamente relacionado con la función parlamentaria, y resalto la palabra “directamente”, entonces pasa a la Fiscalía. Esta entidad tendría la función de investigar y acusar al expresidente ante los jueces ordinarios".

Desde la otra orilla se pronunció el senador Iván Cepeda, quien aseguró que la renuncia de Uribe "no implica, bajo ninguna circunstancia", que la Corte Suprema pierda su competencia para avanzar en la investigación y el llamado a juicio. "Utilizó su trabajo legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país para que declararan en mi contra. En su condición de senador desplegó toda actividad alrededor de un debate que hice en el Senado y la Cámara de Represententes. La competencia sigue estando en la Corte Suprema de Justicia", indicó. 

Sin embargo, una parte más compleja de esta discusión podría desatarse en caso de que la Corte Suprema de Justicia decida dejar el caso a la Fiscalía. Según el penalista Yesid Reyes, existe un "vacío enorme". La razón es que si Uribe viene con medida de aseguramento domiciliaria dictada por la Sala de Instrucción, esta no necesariamente quedaría en firme. "Como se trata de dos procedimientos diferentes, habría que ratificar la decisión de medida de aseguramiento ante un juez para que se puedan empatar los dos procedimientos".

Cabe recordar que Uribe es procesado en la Corte Suprema de Justicia bajo las normas de la Ley 600, donde la Sala investigadora toma decisiones de privación de la libertad sin necesidad de ir ante juez. Mientras que al pasar a la Fiscalía, este tipo de decisiones son de entera competencia de un juez de la República por petición de la Fiscalía.

"El parámetro que la Corte ha trazado es que si los hechos por los que se investiga al congresista tienen relación con el cargo, se queda en la Corte. Pero por lo que se sabe, en el caso de Uribe esos dos delitos no tienen que ver con el cargo. Al pasar el caso a la Fiscalía todo el procedimiento cambia", insistió.