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| 7/19/2019 6:59:00 PM

Las amenazas a líderes se hacen sentir en Bogotá

Entre el 2016 y el 2019 el Distrito ha atendido a 749 defensores de derechos humanos, de los cuales 202 son de Bogotá. ¿Por qué los amenazan y cuál es la ruta que deben seguir?

Amenazas a líderes sociales en Bogotá Según las cifras de la ONG Somos defensores, de 2017 a 2018 en número de agresiones a líderes sociales pasó de 63 a 65 y en 2018 dos personas fueron asesinadas en la capital. Foto: Daniel Reina Romero / SEMANA

Cuando se habla de líderes sociales por lo general se piensa en personas de regiones apartadas del país que por su labor social están en peligro. Pero en las ciudades también hay defensores de derechos humanos que son amenazados.

Bogotá, por ser la capital, no solo recibe a buena parte de los que huyen de la violencia, sino que también tiene que combatir las amenazas que reciben los líderes sociales bogotanos dentro de la ciudad. Las causas que defienden y por las que son amenazados son tan variadas como lo es la capital. Van desde proteger los derechos de la comunidad LGBTI hasta trabajo con desmovilizados de grupos armados. 

Es por eso que la administración de Enrique Peñalosa en cabeza de la secretaría de Gobierno creó la Ruta de atención y Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Se trata de un programa complementario al del gobierno nacional que permite cuidar a los líderes sociales mientras la Unidad Nacional de Protección les da las medidas de seguridad, un proceso que no debería tomar más de tres meses. 

Los líderes que son amenazados deben acercarse a la Secretaría de Gobierno y allí recibirán ayuda psicológica y orientación jurídica. Deben autorizar que les hagan un estudio de riesgo y llenar un formulario que llegaría a la Unidad de Protección, a la Fiscalía y a la Policía para evitar que tengan que hacer más trámites. Después de la valoración, se empiezan a tomar medidas. 

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Dependiendo de sus necesidades se les puede dar alimentación, hospedaje y un bono que no supere 1,5 salarios mínimos. También se estudia si tienen familias, si hay menores de edad que necesitan ser escolarizados y si es necesaria atención en salud. Pero para recibir esta ayuda el líder debe demostrar que fue amenazado por su actividad como líder social, de lo contrario tendría que recurrir a otras instancias.

Según cifras del Distrito, entre 2016 y 2019 se han atendido a 749 líderes, entre ellos, 202 de Bogotá, 35 de Valle del Cauca; 34 de Nariño; 33 de Tolima; 32 de Chocó; 24 de Antioquia; 20 de Boyacá y 17 de Cauca. Para ello se han invertido 1.263 millones de pesos.

Según las cifras de la ONG Somos defensores, de 2017 a 2018 en número de agresiones a líderes sociales pasó de 63 a 65 y en 2018 dos personas fueron asesinadas en la capital.

Sin embargo, la secretaría de Gobierno dice que la causa por la que fueron asesinados no tenía que ver con su ejercicio como defensor de derechos humanos. Agregan que desde que inició el programa ningún líder social ha muerto en la capital y que a todos los que han pedido ayuda se les ha dado. 

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Leonardo Ordóñez quien hace 13 años trabaja como defensor de los derechos de la comunidad LGBTI en localidades como Usme y San Cristóbal dijo a SEMANA que si bien ha recibido la atención de la ruta del Distrito, todavía no se siente seguro.

Hace un poco más de un mes él recibió panfletos firmados por las Águilas Negras y de las AUC en las que le decían “Tome señor Leonardo Ordoñez, señor defensor de los maricas y de los derechos humanos”. Días más tarde lo abordaron y lo golpearon “por defender a personas que no merecen que los defiendan”.

Leonardo asegura que el CAI le contestó solo 5 horas después y que un mes después no ha recibido mayor protección. “Después que fui a la ruta y le pidieron a la Policía de mi cuadrante aumentaron las amenazas pero ahora por sapo”, dijo.

Otro defensor que no quiere ser nombrado dijo que si bien recibió la ayuda del Distrito, el problema es que el estudio de la Unidad de Protección se ha tardado demasiado y después de que pasó por la ruta de atención del Distrito después de 6 meses quedó en la calle y en este momento no tiene ningún tipo de ayuda o seguridad.

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Francisco Pulido, subsecretario para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, dijo que en efecto la Unidad de Protección Nacional tarda más de lo planeado en el decreto 1066 de 2015 y que la medida de prevención de vigilancia de la Policía, como dice el líder, puede poner en riesgo a los defensores porque en algunos casos los señalan de informantes. Aseguró que están trabajando en eso y que ahora que han logrado reducir las muertes de líderes sociales a cero, su trabajo será enfocarse en la prevención.

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