El próximo domingo 8 de marzo, Colombia celebrará una nueva jornada democrática para elegir a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.
En esta misma fecha, la ciudadanía podrá participar en las consultas interpartidistas para definir a los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial. Ante la proximidad de los comicios, han surgido interrogantes sobre el censo electoral, específicamente sobre el derecho al voto de la población privada de la libertad.
De acuerdo con las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil, “no todas las personas recluidas en centros penitenciarios pueden ejercer este derecho”.
La normativa vigente establece que los ciudadanos con sentencias condenatorias ejecutoriadas pierden su derecho al voto, mientras que aquellos que se encuentran en calidad de sindicados y tienen inscrita su cédula en el respectivo penal sí están habilitados para sufragar.
Bajo este marco legal, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó, mediante un reporte oficial, que un total de 3.316 personas privadas de la libertad cuentan con la aprobación para participar en los comicios desde el interior de las instituciones penitenciarias.
Para facilitar este proceso, la entidad anunció la logística que se desplegará en las cárceles de todo el territorio nacional.
El plan operativo contempla la “habilitación de 121 puestos de votación distribuidos en 117 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), donde se dispondrán 130 mesas con el acompañamiento de 742 jurados de votación”.
El objetivo de esta disposición es “garantizar que el proceso democrático se cumpla bajo los mismos estándares de transparencia que en el resto del país”. En materia de orden público, el Inpec informó que se “emitirá una orden de alistamiento de segundo grado a nivel nacional para reforzar la vigilancia en los perímetros carcelarios”.
Además del control interno, “se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) institucional para realizar el seguimiento en tiempo real del desarrollo de las votaciones en cada uno de los establecimientos”.
La jornada contará con la “supervisión de los directores de cada centro de reclusión, quienes coordinarán las acciones con las autoridades electorales y organismos de control”.
Asimismo, se confirmó el apoyo de las Fuerzas Militares para el resguardo de la seguridad externa de los penales. Con estas medidas, la institución busca “ratificar las garantías para que la población sindicada ejerza su derecho constitucional en un entorno de orden y seguridad”.