Este jueves, la defensa del canciller Álvaro Leyva Durán radicó ante la Procuraduría General un documento en el que, palabras más palabras menos, pide que se revoque la sanción de tres meses emitida en su contra en medio de la investigación que se adelanta en su contra.
Para el abogado de Leyva Durán, la sanción emitida el pasado 24 de enero presenta varias irregularidades, entre ellas, la no justificación de la necesidad de suspender al Canciller de sus funciones mientras se adelanta el juicio disciplinario.
En el documento firmado por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas, la Sala “simplemente” indicó que la medida era necesaria para que no se “pudieran reiterar” los comportamientos frente al proceso licitatorio de los pasaportes.
Esta actitud fue reprochada asegurando que existían otros mecanismos para que Leyva no tuviera participación o conocimiento de este procedimiento.
Igualmente, plantea que la procuradora General, Margarita Cabello Blanco se declare impedida para conocer y tomar una decisión frente a este recurso. Esto debido a las “manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción”.
En uno de los apartes del recurso de 22 páginas, la defensa del Canciller cuestiona la celeridad con la que se tomó la decisión de suspenderlo y emitir el llamado a juicio disciplinario por tres cargos que fueron considerados como “gravísimos”.
“Se dedicaron los escasos dos ó tres días hábiles que pasaron desde la presentación de los argumentos de la defensa y la formulación del pliego de cargos porque el resto de las 122 páginas de la providencia muy seguramente ya estaban escritas”, advierte el documento.
Para el abogado la decisión de fondo en el caso del Canciller ya está tomada y solamente se quiere ocultar con trámites, ignorando por completo los argumentos presentados por los abogados de Leyva y las pruebas aportadas en las que se resumía el procedimiento para suspender el proceso licitatorio.
“El disciplinado solo ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores”, explica el escrito. “Ello obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso estructurado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”.
Pese a esto, insiste, ya se había tomado una decisión lo que representa una falta de garantías procesales y una omisión al trámite que se exige en todo proceso disciplinario. “Antes de que el señor Ministro de Relaciones Exteriores ejerciera su defensa con la presentación de sus alegatos pre calificatorios, etapa y garantía del proceso disciplinario y no una simple formalidad, la Sala ya había sentado su posición con repercusiones gravísimas para él que era conocida por toda la sociedad”.
El abogado de Leyva aseguró que a todo procesado se le debe permitir expresar su posición y entregar las pruebas que considere pertinentes. “Permite al investigado explicar ante el ente de control por qué la conducta objeto de examen no constituye falta disciplinaria o no existen elementos para atribuir responsabilidad. Empero, desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría General, que ya había anticipado la formulación de cargos”.
Pese a la sanción disciplinaria, Leyva sigue ejerciendo sus funciones y en los últimos días ha firmado por lo menos doce documentos oficiales. El pasado 26 de enero, la Procuraduría General le notificó la decisión al presidente Gustavo Petro indicando que en contra de la misma no procedía ningún tipo de recurso.