Se trata de imágenes que han generado indignación en todos los sectores, incluso en el presidente Gustavo Petro, habitual promotor de las marchas de indígenas.
Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad. pic.twitter.com/VGzH5XhcSn
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026
En medio de un enfrentamiento entre miembros de la Policía y la comunidad emberá, se ve cómo adultos llevan de la mano a niños a la primera línea para evitar la reacción de las autoridades. Los usan como escudos.
Por esta gravísima instrumentalización de los niños, el procurador general, Gregorio Eljach, envió una dura carta dirigida directamente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que abra una investigación e individualice a los miembros de la comunidad por estos hechos.
En la petición, Eljach denunció “la inaceptable instrumentalización de niños pertenecientes a dicha comunidad. Se evidenció que los menores fueron sometidos a un riesgo inminente para su vida e integridad física, al ser utilizados por adultos como instrumentos de coacción y escudos humanos con el fin de afianzar sus reivindicaciones sociales, permaneciendo expuestos en las vías públicas en un estado de grave vulnerabilidad, derivado de esta dinámica”.
Aunque las comunidades indígenas tienen su propia jurisdicción para este tipo de asuntos con implicaciones judiciales, el procurador Eljach en su carta fue radical y argumentó los motivos por los cuales considera que la Fiscalía debe actuar de inmediato.
“Esta conducta constituye una flagrante vulneración del principio del interés superior de los menores de edad y contraviene de manera directa lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), normativas que exigen a la familia, la sociedad y el Estado garantizar su protección integral y prevalente”, se lee en el documento.
Y agrega, entre los argumentos para solicitar la individualización e investigación contra los responsables, que “la instrumentalización de menores de edad en manifestaciones o alteraciones del orden público se encuentra tipificada como un delito en el Código Penal, el cual sanciona el uso de menores de edad para la comisión de delitos, configurando una grave violación a los derechos humanos de la niñez, que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia”.
Por eso, en un mensaje a la fiscal Camargo, le pide “adelantar con máxima celeridad las investigaciones penales correspondientes, para individualizar y sancionar a los responsables de promover estas conductas, con el fin de salvaguardar de inmediato la integridad, la protección y el desarrollo armónico de los menores de edad indígenas afectados”.