El Ministerio del Interior fijó su posición frente a las protestas adelantadas por un grupo de familias indígenas emberá katío en Bogotá, que desde hace más de dos semanas han protagonizado bloqueos en instalaciones del Ministerio del Interior y otras sedes administrativas, en medio de exigencias relacionadas con su reubicación y condiciones de atención.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, las acciones de hecho comenzaron hace 15 días, cuando las comunidades asentadas en la UPI La Florida, en su mayoría mujeres y niños, bloquearon las oficinas del Ministerio del Interior en la sede Bancol.
En ese momento, solicitaron la instalación de varias mesas de trabajo para abordar temas como infancia y adolescencia, desarrollo económico, retorno, reubicación y ayudas humanitarias.
El Ministerio aseguró que dichas mesas fueron convocadas y se llevaron a cabo entre el 16 y el 21 de abril, con participación de entidades del orden nacional y distrital.
Sin embargo, en el desarrollo de los diálogos, las comunidades cambiaron sus pretensiones y concentraron sus exigencias en el traslado a un nuevo albergue, lo que derivó en nuevos bloqueos e incluso en episodios de tensión con funcionarios públicos.
El 28 de abril, según el Gobierno, los voceros indígenas se retiraron de la mesa de diálogo al considerar insuficientes las propuestas institucionales.
Entre las alternativas planteadas estaba la posibilidad de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) facilitara inmuebles, proceso que podría tardar entre tres y seis meses. Esta respuesta fue rechazada por los manifestantes, quienes exigían una solución inmediata.
Un día después, otros grupos emberá se sumaron a las protestas, intensificando los bloqueos tanto en edificios oficiales como en vías de acceso, afectando a más de 1.200 personas que se encontraban en el interior de estas instalaciones.
El Mininterior expresó preocupación por lo que calificó como una “instrumentalización” de menores de edad dentro de las manifestaciones, señalando que, pese a la oferta institucional del Distrito y del ICBF para su protección, estos continúan expuestos en espacios públicos.
Finalmente, reiteró que, si bien respeta el derecho a la protesta, no permitirá la vulneración de derechos de terceros y defendió que ha mantenido abiertos los canales de diálogo con la comunidad indígena.