"La preclusión vale 10 y hay que dar unas gaseosas en el centro de servicios”

Ni siquiera la pandemia se pudo interponer para que este fin de semana un juez, un fiscal y un abogado -todos integrantes de la misma red de corrupción- fueran a parar a la cárcel de Valledupar. Los tres fueron cobijados con medida de aseguramiento por varios delitos, como protagonistas de una poderosa red de corrupción que por tres años consiguió manipular -desde su reparto- procesos judiciales.

La Fiscalía imputó al fiscal sexto delegado ante los jueces de circuito penal de Bosconia (Cesar), Yesith Pallares Aguilar, los delitos de concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales; al juez primero promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote, se le imputó concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio, y al abogado y defensor público Carlos Luis Ropero Galván concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.

Video aportado por víctimas: Abogado Carlos Julio Ropero contando dinero.

Video aportado por víctimas. Fiscal Yesith Pallares en su camioneta hablando de dinero.

Lo interesante del caso es que la denuncia partió desde las propias víctimas, quienes aportaron al expediente evidencias valiosas de conversaciones y videos que demuestran la exigencia de coimas o dádivas. Incluso, en una de las imágenes, se ve a los integrantes de esta red de corrupción contar el dinero que recibían por su actuar ilegal. 

"La preclusión vale 10, la mitad cuando presente el escrito y la otra mitad cuando presente la audiencia. Lo mío son 3. Y toca dar unas gaseosas en Valledupar para que salga rápido. Dígales que dejen la desconfianza que yo nunca les he quedado mal. El man no te recibe nada a tí, yo voy y me meto como un tiro en la oficina de él y se los entregó", dice una de las conversaciones del abogado Carlos Julio Ropero.

En contexto: 

Otro de los audios señala: "Que me haga una rebajita, tengo 5 millones disponibles para pagárselos mañana a primera hora (...). A ese man dije que le daba un mes".

La Fiscalía logró documentar en total cinco casos. En el primero, el abogado Ropero habría exigido 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por porte ilegal de armas, fuera enviado a la cárcel. La víctima, supuestamente, dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. En este caso, el capturado quedó libre y la suma fue repartida entre el fiscal Pallares Aguilar, el juez Orozco Argote y el abogado.

El segundo caso, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El trato económico y legal llevó a que el funcionario judicial consiguió que el cliente se quedara con el "dominio pleno y absoluto del bien a favor del cliente". Por esta transacción recibió 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción.

Audios evidencian exigencias de coimas de parte del abogado Carlos Julio Ropero.

"También hay evidencia de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales". Por ejemplo, respecto a un procesado por receptación de hidrocarburos, el fiscal Pallares Aguilar precluyó el proceso.