El escándalo por la asignación presuntamente irregular de la licitación por más de un billón de pesos, para llevar internet a regiones apartadas del país a la Unión Temporal Centros Poblados sigue dando coletazos. A la renuncia de la ahora exministra de las TIC Karen Abudinen; la captura del empresario corrupto Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal; y de Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros; se suma la apertura de investigación contra cuatro congresistas que según conoció SEMANA ya está dando sus primeros pasos.
Según se pudo confirmar desde la Corte Suprema de Justicia ya fueron enviados oficios en los que piden información al Congreso para verificar si es evidente el interés de favorecer a Centros Poblados o a la ministra Abudinen dentro de este proceso.
Justamente una de las solicitudes que hizo la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con el debate de control político contra Abudinen. Los registros en video y la participación de los congresistas será evaluada por el Alto Tribunal que busca determinar si en su comportamiento en ese debate alguno de los parlamentarios hizo evidente su respaldo.
Entre las solicitudes que llegaron al Congreso está la certificación de la calidad foral, es decir la acreditación de la condición de parlamentarios aforados de quienes ya fueron citados por la Corte: Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.
No solo fue pedida la información de ese debate de moción de censura contra la Ministra, en el requerimiento también hacen referencia a discusiones, foros o debates en los que discutieron temas referentes a la millonaria e irregular licitación.
En los requerimientos que llegaron al Congreso también está información particular de los actuales senadores Armando Benedetti, Mauricio Gómez Amín y Antonio Luis Zabaraín Guevara. Sin embargo, también fue solicitada información de la exsenadora de Cambio Radical Daira Galvis de quien señalan a una persona que trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo y en una de las empresas que forma la Unión Temporal Centros Poblados.
El magistrado Misael Rodríguez es el investigador ponente en este caso. Cabe recordar que Rodríguez, quien ya ordenó la práctica de pruebas, es el mismo magistrado cuya ponencia ordenó archivar la investigación por el denominado Petrovideo.
Precisamente, los senadores fueron mencionados en las denuncias que recibió la Sala de Instrucción. Una de ellas fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER.
Según la denuncia: “A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro. Al parecer, de acuerdo a los hechos presuntamente intermediaron, senadores de la República para evitar la caducidad del contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger”.