Hace unos días se conoció que el capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica, aceptó su responsabilidad en el escándalo que involucra a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. Lo hizo a través de un preacuerdo que está pendiente de ser aprobado por un juez de garantías.
Ahora se conoció que el mismo capitán decidió convertirse en testigo de la Fiscalía a través de un principio de oportunidad, mediante el cual se compromete a entregar detalles de este escándalo y de la participación de otros uniformados, e incluso de funcionarios del Gobierno nacional, en las pruebas ilegales de polígrafo practicadas a Marelbys.
“Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia”, dijo la Fiscalía.
El capitán Mojica es el oficial de más alto rango vinculado hasta ahora a esta investigación, que involucra a media docena de funcionarios de la Policía, algunos de ellos incluso condenados y, en su mayoría, tras haber aceptado su responsabilidad en los hechos irregulares que llevaron a la interceptación ilícita de las comunicaciones de Marelbys Meza y, posteriormente, a que fuera sometida, en los sótanos ubicados frente al Palacio de Nariño, a unas pruebas de polígrafo.
“Presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación. En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad”, advirtió la Fiscalía.
Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del Grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, de acuerdo con los elementos de prueba, recibió órdenes para hacer todo lo posible por recuperar un dinero que aparentemente fue hurtado del apartamento de Laura Sarabia, entonces jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha del presidente Gustavo Petro.
“La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia. En el curso de ese proceso se detectaron irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales”, dijo la Fiscalía.
El principio de oportunidad se otorga por el delito de violación ilícita de comunicaciones; sin embargo, el proceso continúa por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.