El capitán Óscar Leandro Mojica se convirtió en el oficial de más alto rango de la Policía en aceptar su participación y responsabilidad en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, las dos mujeres que trabajaban en la casa de Laura Sarabia, en ese momento mano derecha del presidente Gustavo Petro.
Sarabia, entonces directora del Dapre, denunció el extraño robo de dinero en efectivo de su maleta, del cual se desconoce el monto, pero que generó la persecución, seguimientos e interceptaciones ilegales contra las mujeres y sus familias.
SEMANA conoció el acta de preacuerdo firmada entre el oficial y la Fiscalía, la cual será presentada en los próximos días ante un juez de conocimiento en Bogotá.
En el documento, el capitán Mojica acepta su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, interceptación ilegal de comunicaciones y abuso de autoridad.
A diferencia de otros implicados, el capitán decidió irse por un preacuerdo y no por un principio de colaboración con las autoridades para obtener beneficios judiciales a cambio de entregar información contra sus superiores jerárquicos. Así las cosas, no delatará, pero sí dejó claro que fue protagonista de la persecución.
Fuentes cercanas al caso le revelaron a SEMANA el papel del oficial de la Policía, quien fue jefe seccional de Investigación Criminal de la Dijín. Fue pieza clave para que se ordenara cambiar el informe sobre lo sucedido en enero de 2023 en el apartamento de Laura Sarabia, y que fue la antesala de la pesadilla para Marelbys Meza y Fabiola Perea. Dio las instrucciones al intendente Alfonso Quinchanegua y a la patrullera Dana Canizales, ambos adscritos a la Dijín, para que falsificaran un informe de inteligencia, para vincular los abonados telefónicos de las dos humildes trabajadoras con la organización criminal del Clan del Golfo.
En este informe se les dieron incluso alias a las dos mujeres y se les señaló de ser cercanas a Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, criminal que tenía una guerra a muerte contra sus exsocios por el control territorial y el tráfico de drogas en el departamento del Chocó.
Los dos principales testigos de la Fiscalía, los policías Quinchanegua y Canizales, se habían comprometido en su principio de oportunidad, firmado a mediados de 2024, a declarar contra el capitán Mojica.
“La procesada (en referencia a Canizales) fue testigo directo al recibir la orden de manera personal de su superior inmediato, capitán Óscar Mojica, para suscribir formato de fuentes no formales como la declaración no juramentada”, señala el documento que está pendiente de renovación en los próximos días.
Canizales detalló el momento en el que llegó el capitán Mojica a la oficina para dar órdenes irrestrictas, con el fin de que se elaboraran los informes falsos para inducir en un error al fiscal que investigaba las bandas criminales en Chocó.
Con las interceptaciones, un grupo de policías buscaba obtener una evidencia contra Marelbys Meza, quien había sido denunciada por Andrés Parra, entonces esposo de Laura Sarabia, por el extravío de la maleta, cuyo paradero, como su contenido, es un misterio.
La oficina del piso 13
Los señalamientos, ya reconocidos por el capitán Mojica, no terminan ahí. Según los testigos, que ya fueron condenados a diez años de prisión, el capitán los convocó a una reunión en el centro de Bogotá para hablar del extraño informe de inteligencia al que le habían agregado fuentes y documentos de un día para otro.
Fue en el piso 13 de la sede de la Dian, a una cuadra de la Casa de Nariño, en la misteriosa sala de anticipaciones, donde se realizó la corta reunión en la que les señalaron a los agentes que, por orden de la Presidencia, se había redactado el mencionado documento.
“Manifiestan que les habían dado la información de una fuente que era de Presidencia. En físico no la llevaban, no sé por qué medio, si fue por correo o por los teléfonos que manejaba. Cogen un formato que estaba con mi firma, trabajan encima la información que les enviaron de Presidencia”, contó la patrullera Canizales.
En la sala de juntas de la oficina, según narró el intendente Quinchanegua, se les ordenó interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza, su núcleo familiar y sus amigos. Esto, señaló, sonó más como una amenaza para conseguir la información que estaban buscando con tanta insistencia.
El proceso contra el capitán Mojica estuvo quieto durante más de un año por la presentación de un conflicto de competencias en el que se aducía que los hechos materia de investigación eran “actos de servicio” que debían ser juzgados por la Justicia Penal Militar.
Maniobras dilatorias
Mientras se fija la fecha para la presentación del preacuerdo contra el capitán Óscar Leandro Mojica, otra piedra se le atravesó a la Fiscalía para acusar al mayor Duván Muñoz y al intendente Edwin Méndez. Esto debido a la presentación de un nuevo recurso con el fin de que el caso pase a conocimiento de la Justicia Penal Militar.
En una audiencia celebrada hace poco, y a la cual tuvo acceso SEMANA, la defensa de los policías indicó que el conflicto de competencias no ha sido resuelto de fondo.
Argumentación que fue rechazada por la fiscal que ha liderado las investigaciones, tanto por la prueba de polígrafo contra Marelbys Meza como por las “chuzadas”.
En su enfática posición, la delegada argumentó que los hechos relacionados con la falsificación de informes de policía judicial y el fraude procesal no pueden considerarse actos legítimos del servicio policial.
“La actitud es desleal por parte de la defensa (de los acusados) para con el proceso y para con la administración de justicia”, reseñó la fiscal, quien no dudó en calificar este tipo de peticiones como un “tipo de maniobras dilatorias” dirigidas a entorpecer la administración de justicia.
“El fuero penal militar no es la regla general, sino que es una excepción interpretativa restrictiva”, por lo que pidió que el caso siga en la justicia ordinaria, citando que los dos policías enfrentan un proceso por ordenar y participar activamente en la falsificación de informes judiciales, la invención de fuentes humanas, la modificación de entrevistas.
Hace ya tres años y medio, en enero de 2023, se dio el supuesto robo a Sarabia que desencadenó la persecución contra las empleadas domésticas. No hay duda de que ellas y sus familias fueron chuzadas y seguidas. Sin embargo, el caso avanza a paso lento entre conflictos de competencias, mientras la Fiscalía ya tiene las pruebas, entre ellas el reconocimiento de los delitos por parte del capitán Mojica.