En voz baja y con precisión quirúrgica, el gobierno del presidente Gustavo Petro habría desmantelado la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP). El debilitamiento de este sistema de justicia para los miembros de la Fuerza Pública no sería ajeno al exministro de Defensa Iván Velásquez y a una de sus personas más cercanas, el director actual de la JPMP, José Reyes Rodríguez.
Rodríguez es considerado la mano derecha de Velásquez. Trabajó con él en la Corte Suprema de Justicia y lo acompañó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de donde ambos fueron expulsados. Luego fue nombrado secretario del Ministerio, tras la salida por la puerta de atrás de Ana María Garzón por temas de contratación, y a finales de 2022 llegó a la Justicia Penal Militar y Policial.
El asunto de fondo, advierten fuentes de la JPMP a SEMANA, es que mediante resoluciones han retirado a cuentagotas a funcionarios militares y policiales para reemplazarlos por personal civil, lo que estaría afectando la esencia del sistema de justicia.
No obstante, Reyes Rodríguez afirma que la contratación de personal civil es una necesidad, porque desde la Fuerza Pública no hay recurso humano capacitado.
El hecho de que la JPMP esté compuesta por militares y policías no es un capricho, es necesario para investigar actos relacionados con el servicio. Por ejemplo, si se abre un proceso por hechos ocurridos en combate, solo una persona con experiencia castrense entiende las implicaciones, órdenes y protocolos, y lo más importante, no hay prejuicios.
De militares a civiles
El presidente Petro fue quien planteó su incomodidad con la JPMP y planteó la reforma que, al parecer, pusieron a andar.
El 6 de mayo de 2024, el director Reyes Rodríguez expidió la Resolución 000303, mediante la cual se creó la figura de la “inmersión en la actividad judicial”. Allí está el filtro que impide a los militares ingresar a la JPMP.
Con esta resolución, cualquier miembro de la Fuerza Pública en servicio activo que aspire a ser designado debe someterse a una pasantía en “ambiente real” durante un año, periodo durante el que queda congelado para cualquier otra designación, aunque este bloqueo castrense no está contemplado en la Ley 1765 de 2015.
En contraste, para los civiles, el asunto se puso más fácil. El primero de agosto, se expidió la Resolución 000596, firmada por el director Rodríguez. En ella se estableció que para los civiles que quieran formar parte de la JPMP, el único requisito de preparación es un curso de Derecho Operacional en la Escuela de la Justicia Penal Militar, de 40 horas.
Han sido nombrados más de 100 civiles en la JPMP, mientras que fue “terminada la designación” de decenas de funcionarios de origen militar. Acá hay que aclarar que el fin de la designación no depende de la jurisdicción, sino de la fuerza a la que pertenecen los uniformados.
Sin embargo, la ley es clara y la terminación de la designación solo aplica cuando el uniformado es condenado en un proceso penal, destituido como resultado de un proceso disciplinario o por resultados deficientes en evaluaciones de la Fuerza a la que pertenece.
Las cifras
La que parece una arremetida contra la esencia de la JPMP, en cifras, plantea una realidad. Lo primero que se debe entender es que en la JPMP conviven dos sistemas judiciales: el de la Ley 522 de 1999, del Código Penal Militar, que es transitorio; y el de la vigente Ley 1407 de 2010, con el que se expidió el Código Penal Militar y Policial adaptado al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).
Cada uno de estos sistemas tiene personal asignado, pero los de la Ley 522 están en transición, pasando al nuevo modelo. Además de estos regímenes, están los funcionarios administrativos.
En cuanto al nombramiento de funcionarios administrativos civiles, las cifras señalan que hubo 27 servidores nuevos, entre ellos, el director y el jefe de oficina del sector Defensa. Por el contrario, no ha sido incorporado ni un solo militar o policía.
Lo mismo ocurre frente a los funcionarios vinculados para el sistema en transición: se han nombrado 26 civiles entre jueces y fiscales, pero solo han ingresado dos militares, marchitando la experiencia técnica del personal uniformado y dando paso a una “desmilitarización”.
Frente al sistema actual de JPMP, se han vinculado 56 civiles, 13 de ellos nuevos. Los otros 43, entre magistrados, jueces y fiscales, ya formaban parte de la Justicia Militar y Policial. También fueron contratados 26 civiles en cargos de apoyo judicial.
Más allá de las cifras, hay casos polémicos que coinciden con decisiones tomadas en derecho sobre temas espinosos. Es el caso del mayor Javier González Gutiérrez, quien señala que lo sacaron por la puerta de atrás, notificándolo con un correo electrónico, fuera del horario de oficina, cuando se encontraba de vacaciones y, lo más grave, a pocos minutos de precluir la investigación contra el jefe de escoltas de Miguel Uribe Turbay.
Las denuncias en poder de SEMANA sobre el manejo de la JPMP también plantean nombramientos a dedo como el del juez de Control de Garantías Óscar Mauricio Saavedra, amigo personal de Reyes Rodríguez.
El director de la JPMP aceptó que conoce a Saavedra y que son amigos, pero defendió su nombramiento al asegurar que da fe de su trabajo, honestidad y capacidades.
Manuel María Murillo, hermano del excanciller y excandidato a la presidencia Luis Gilberto Murillo, fue nombrado en la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial. Sobre este nombramiento, Reyes Rodríguez afirmó que se dio por sus capacidades y que no conoce al excanciller Murillo, “ni siquiera me he sentado a tomar un café con él”.
Las fuentes señalan que para el ingreso de estas personas no hubo protocolo de estudio de seguridad ni polígrafo, pero esta información no pudo ser verificada.
Responde Reyes Rodríguez
Ante estas delicadas acusaciones, SEMANA se comunicó con el director de la JPMP, José Reyes Rodríguez. El funcionario negó categóricamente la purga militar y policial, y afirmó que la Fuerza Pública no tiene personal capacitado para ocupar estos cargos, por lo que resulta necesario contratar personal civil.
Argumentó que la salida de los uniformados se ha dado por terminación de las designaciones y que incluso les ha pedido a comandantes y hasta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que los mantenga en la JPMP, pero no ha sido posible. Sin embargo, cuando el ministro era Iván Velásquez, no hubo ningún reproche a las decisiones, como es el caso de la Resolución 748 del 28 de febrero de 2025.
El Gobierno Petro parece haber articulado un plan para golpear a la JPMP, al tiempo que fortalecía la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal transicional donde los exguerrilleros de las Farc han sido tratados con guantes de seda y, por el contrario, ha tendido mano de hierro con los militares.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-473 de 1999, exige que los operadores judiciales posean un conocimiento profundo y especializado de la estructura, doctrina, procedimientos, táctica y derecho operacional propios de militares y policías.
Incluso se pueden tomar como ejemplo las investigaciones derivadas del escandaloso secuestro de 79 policías en Caquetá, en la vereda Los Pozos, de San Vicente del Caguán, episodio en el que también fueron retenidos exministros que calificaron el hecho como “un cerco humanitario”.
Ese escándalo se convirtió en investigación, y un juez civil, nombrado por Reyes Rodríguez, ordenó la captura del comandante de Policía de Caquetá, sin entender lo que pasó en el escenario del secuestro de los uniformados.