Posibles fallas en la disposición y entrega de giros de atención humanitaria a la población víctima de desplazamiento forzado fue el grave hallazgo que hizo la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional sobre la sentencia en la que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la grave, masiva y sistemática vulneración de derechos de la población desplazada por el conflicto armado en Colombia.
En esta ocasión, la alerta fue puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República para que tome las medidas necesarias e investigue si es necesario tomar acciones de control fiscal frente a estas posibles fallas que tendrán en jaque a la población desplazada forzosamente en el país.
Los hallazgos de la Corte Constitucional se dieron a partir de un informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto sobre la operación, el seguimiento y los resultados de la entrega de esos recursos destinados para esa población vulnerable.
En ese documento aparecieron dificultades relacionadas con la cobertura territorial, la disponibilidad de efectivo, la conectividad, el cargue de beneficiarios, los bloqueos, la validación de identidad, los reintegros, la trazabilidad y la conciliación de los giros.
La Corte Constitucional precisó en su alerta: “Al 30 de junio de 2026, se habían colocado 246.668 giros, de los cuales 198.588 habían sido pagados, 21.907 reintegrados y 26.173 permanecían vigentes”.
La Contraloría también reportó dificultades en la implementación del esquema de pagos en el primer semestre de la vigencia 2026, entre ellas, problemas de cobertura territorial, disponibilidad en efectivo, conectividad, cargue de beneficiarios, validación de identidad y bloqueo de los giros.
Así mismo, se encontraron situaciones relacionadas con los reintegros, la trazabilidad, la conciliación, los pagos parciales e incompletos de esas ayudas humanitarias que deberían estar respaldando a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2026
Ese informe también develó que las circunstancias identificadas no constituyen hasta el momento un hallazgo fiscal, un daño patrimonial o una determinación de responsabilidad fiscal, pero sí existirían elementos que justificaban la valoración de la procedencia de las actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre la gestión contractual y financiera del contra 2046 de 2026.
Ese documento de la Contraloría Delegada para el Posconflicto llegó a la Delegada para el Sector Inclusión Social, pues esta dependencia es competente de vigilar a la Unidad de Víctimas, la entidad a cargo de entregar esas ayudas humanitarias a las víctimas de desplazamiento forzado.
Así fue como la Corte Constitucional le pidió a la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social que informe las gestiones adelantadas sobre esos giros de ayudas humanitarias y las posibles irregularidades detrás de ese movimiento financiero para las víctimas.