El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, definirá el conflicto de competencias que existe en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunto conocimiento de los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
El magistrado definirá si el proceso debe seguir en la Fiscalía General o pasa, por fuero constitucional, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que reclamó el expediente.
En la petición, que fue revelada en exclusiva por SEMANA, la Comisión aseguró que la Fiscalía General, en el auto de apertura del caso y la citación a la indagatoria, señaló que los “presuntos nexos” entre Álvaro Uribe Vélez y los implicados en las masacres se habrían extendido hasta 2003.
“No soy asesino”: el expresidente Álvaro Uribe acudió a la Fiscalía a una diligencia de indagatoria por la investigación de las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato de Jesús María Valle. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/twn2kDGvlh
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026
Para esta fecha, Uribe Vélez ya fungía como presidente de la República, hecho por el cual lo cobija el fuero constitucional. La Carta Política señala que el juez natural del jefe de Estado en ejercicio es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, indica el documento enviado el pasado 26 de agosto a la Fiscalía General.
Sin embargo, la fiscal del caso respondió a la petición y aseguró que los hechos materia de investigación se presentaron cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, por lo que el caso debe seguir en la Fiscalía General.
El pasado 4 de septiembre, el expresidente rindió indagatoria por cuatro horas ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Antes de ingresar al búnker de la Fiscalía General, el exmandatario (2002-2010) aseveró que el proceso estaba motivado e impulsado por sus enemigos políticos.
“Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un fiquero básico de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”, reseñó.
“Me acusan de petrouribismo”: el expresidente Álvaro Uribe habló de falsos positivos, de ministros de su gobierno y de supuestas alianzas con el petrismo. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/L9AyDoMT8u
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“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores”, añadió.