Víctor Mosquera Marín, abogado defensor de la familia de Miguel Uribe Turbay, mostró su preocupación tras el reverso de la imputación de cargos en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, anunciada este 19 de enero.
“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, dice inicialmente el comunicado.

Sin embargo, de manera insólita, la misma Fiscalía General de la Nación anunció, horas después, que retiraban esa solicitud de imputación contra el funcionario del Gobierno nacional.
La imputación estaba en el sistema de la Rama Judicial, pendiente de definir una fecha para la diligencia.
“Entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras. Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295”, dice la defensa del fallecido senador.
Una fiscal de administración pública recibió una denuncia de las víctimas, en este caso el abogado Víctor Mosquera, que advirtió las omisiones de la Unidad Nacional de Protección, tras las advertencias en materia de seguridad que afectaban al precandidato presidencial.

“Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”, se lee en el comunicado del abogado.
Sin embargo, cuatro horas después, la fiscal a cargo fue notificada de que la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tenía un grupo de tareas especiales.
“Confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”, dice Mosquera.
Y agrega el comunicado: “En ese entendido, esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.









