Delegación del Gobierno Nacional en mesa de paz denunció ante la Fiscalía a la precandidata presidencial Claudia López por calumnia

La delegación del Gobierno que participa en la Mesa de Diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano denunció penalmente a la precandidata presidencial Claudia López, luego de que la exalcaldesa asegurara que todas las mesas de negociación del gobierno debían acabarse porque eran “pura corrupción. Un concierto para delinquir contra el país”.

Según los representantes del Ejecutivo en la mesa, las afirmaciones de López no solo carecen de sustento, sino que afectan la legitimidad de un proceso que opera bajo directrices expresas del presidente de la República. El anuncio se conoció este sábado, 29 de noviembre, desde Llorente, Nariño, donde los negociadores adelantaban una agenda territorial.

El equipo de diálogo calificó las declaraciones como temerarias y afirmó que la precandidata no presentó ninguna prueba que las respalde. Por esa razón, decidieron acudir a la Fiscalía General para que sea esa entidad la que determine si se cometió un delito.

El detonante fue un comentario de López, hecho el 24 de noviembre, en el que vinculó a la Mesa de Paz con actos de corrupción y concierto para delinquir. Para los delegados, ese tipo de acusaciones no solo desinforma, sino que interfiere con un proceso que exige confianza mínima entre las partes y claridad frente a la opinión pública.

El comunicado también señala que cualquier conducta que pueda constituir corrupción debe ser investigada de manera inmediata. Por eso piden a la justicia revisar tanto las denuncias que surjan en el marco de las negociaciones como los reportes de prensa y las declaraciones del presidente, quien ha insistido en que su instrucción ha sido actuar con transparencia.

La delegación sostiene que los señalamientos de López afectan la calidad del debate electoral. Y que su condición de precandidata no la habilita para, según ellos, hacer afirmaciones sin sustento que impactan un proceso en curso y ponen en duda la actuación de funcionarios autorizados para dialogar con estructuras armadas.

En el mismo pronunciamiento, los negociadores repudiaron el asesinato del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en un ataque sicarial en Popayán.

Manifestaron solidaridad con sus familiares y extendieron el mensaje a las Fuerzas Armadas, en un momento en el que la región del suroccidente del país enfrenta un incremento sostenido en hechos de violencia.