SEMANA conoció en su totalidad la demanda presentada en las últimas horas ante el Consejo de Estado en contra de la polémica resolución de la Fiscalía General que reasignó un expediente por terrorismo en Bogotá al recién creado Grupo de Tareas Especial en la Fiscalía que asumió casos relacionados con la protesta social.
El documento, emitido a mediados de julio pasado, frenó a última hora el proceso penal que se adelantaba contra once personas que, según las autoridades, hacían parte de un grupo llamado los PPP o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo, quienes iban a ser acusados por actos terroristas en Bogotá entre los años de 2024 y 2025.
Según el escrito de acusación, estas personas habrían participado en ataques contra la ciudadanía e integrantes de la Fuerza Pública. El ente investigador sostiene que los acusados participron directamente en la qema de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la localidad de Ciudad Bolívar; así como el ataque contra una patrulla de la Policía en inmediaciones a la Universidad Nacional.
Pese a que el 25 de marzo se conoció la radicación del escrito de acusación por el delito de terrorismo; el 16 de junio la fiscal General emitió la resolución 171 que creó ese grupo especial, lo que representó el traslado del expediente para que fuera cobijado bajo una revisión de protesta social.
Tan solo un día después, la instalación de la audiencia en la cual la Fiscalía Generla iba a formalizar la acusación ante un juez especializado de Bogotá se vio truncada.
“La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable”, señala la resolución que, como era de esperarse, generó un fuerte debate.
“¿Puede trasladarse un caso de terrorismo a fiscales de justicia restaurativa que investigan proceso en el enfoque de protesta social", cuestionó la Fundación para el Estado de Derecho que presentó la demanda ante el alto tribunal.
Para el próximo 12 de agosto está programada la nueva audiencia de acusación. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si la diliencia se podrá realizar.
La parte demandante advirtió que esta resolución pone en riesgo la administración de justicia puesto que los once procesados siguen privados de su libertad. Sin embargo, existe un gran riesgo de vncimiento de términos.
Por esto, en la demanda se pide como medida cautelar de urgencia suspender los efectos de la mencionada resolución debido a los graves riesgos que existen.
Igualmente, se pide como medidad de fondo que se declare la nulidad de la resolución 0171 de 2026 ‘por la ual se varía la asignación de una actuación penal y se asigna especialmente su conocoimiento’.